Cada cierto tiempo la República Dominicana vuelve a sentarse frente a la misma mesa, aunque cambien los nombres, las cifras y las urgencias. Se anuncia una reforma tributaria, se habla de déficit, presión fiscal y deuda; luego aparecen los sectores que serán tocados, los impuestos que podrían modificarse, las exenciones que entrarían en revisión y el viejo ruido nacional que divide el debate entre quienes entienden que el país ya no soporta más cargas y quienes sostienen que el Gobierno necesita recursos. En medio de esa discusión queda flotando una pregunta menos cómoda: ¿qué parte del sacrificio está dispuesto a asumir el propio Estado antes de volver sobre el bolsillo de quienes producen, consumen, trabajan y pagan?
El contexto internacional obliga a cierta prudencia. Una economía pequeña, abierta, dependiente del turismo, de las importaciones, del financiamiento externo y del precio internacional de los combustibles, no puede mirar el mundo como si los conflictos geopolíticos, las tasas de interés y la incertidumbre global fueran asuntos lejanos. Desconocer esa realidad sería una forma de comodidad intelectual; usarla para trasladar nuevamente el peso del ajuste a los contribuyentes, sin una revisión rigurosa del gasto público, sería repetir una de las prácticas más persistentes de nuestra cultura administrativa.
La tradición fiscal dominicana ha sido generosa en reformas y tímida en correcciones internas. Cuando las cuentas públicas aprietan, el primer impulso suele dirigirse hacia la recaudación; aparecen las proyecciones, los cuadros técnicos, las comparaciones regionales y los discursos sobre responsabilidad ciudadana. Mucho menos visible resulta el inventario de lo que el aparato público está dispuesto a dejar atrás: instituciones duplicadas, nóminas innecesarias, consultorías de utilidad incierta, gastos de representación convertidos en costumbre, publicidad oficial excesiva, viajes cuya justificación desaparece después de la fotografía, alquileres que nadie explica, flotillas que crecen como si el combustible no fuera una preocupación nacional y asignaciones que terminan adquiriendo apariencia de derecho adquirido.
Ahí se encuentra una parte esencial del problema. El ciudadano común recibe el debate tributario desde la fila del supermercado, desde la estación de combustible, desde la cuota del préstamo, desde la factura eléctrica, desde la escuela de los hijos, desde el pequeño negocio que debe vender más para ganar lo mismo. Cuando esa misma persona observa vehículos oficiales de alta gama, asignaciones amplias de combustible, viáticos generosos, gastos de representación poco transparentes y una administración que rara vez comunica cuánto se ha reducido a sí misma antes de pedir más, la discusión deja de ser únicamente fiscal y pasa a tocar una fibra moral de la vida pública.
Un Estado moderno necesita servidores públicos competentes y remuneraciones dignas. Conviene decirlo para evitar el populismo fácil de creer que la buena administración se construye empobreciendo a quienes tienen responsabilidades complejas. Un funcionario técnico de alto nivel debe contar con condiciones adecuadas para ejercer sus funciones; el deterioro salarial de la administración pública suele abrir espacio a males peores. Pero una cosa es la remuneración justificada y otra muy distinta la cultura de privilegios instalada alrededor del cargo, esa zona cómoda donde el vehículo, el combustible, el chofer, el viático, el viaje y la representación dejan de responder a una necesidad estricta del servicio para confundirse con una manera de habitar el poder.
El país puede discutir con seriedad una reforma tributaria, incluso admitir que determinadas medidas resultan inevitables, siempre que esa discusión venga acompañada de una señal inequívoca de contención desde arriba. La austeridad pública no puede aparecer como frase de temporada, útil durante la presentación de un proyecto y olvidada cuando pasa la presión mediática; tiene que convertirse en una política verificable, con partidas identificadas, metas concretas y mecanismos de control que permitan saber cuánto se redujo, dónde se redujo y quién responde por esa reducción.
Una reforma fiscal presentada sin reforma del gasto llega incompleta al debate nacional. Podrá contener explicaciones técnicas y urgencias verdaderas, pero cargará con una debilidad de origen si no muestra, al mismo tiempo, el esfuerzo interno del Gobierno por limitar sus propios excesos. El Congreso debería conocer, junto al paquete tributario, un programa detallado de revisión de viáticos, combustibles, vehículos oficiales, consultorías, publicidad, alquileres, gastos de representación, instituciones duplicadas y compras prescindibles; no como gesto simbólico ni como capítulo decorativo, sino como condición política e institucional para pedir a la sociedad un nuevo sacrificio.
Una mayoría legislativa puede aprobar impuestos, modificar tasas, ampliar bases y reducir exenciones; eso forma parte de la democracia representativa. Pero la aceptación social de una carga tributaria depende de una relación más delicada entre el poder público y quienes lo sostienen. El ciudadano acepta mejor los momentos difíciles cuando percibe proporción, cuidado en el uso del dinero público y restricciones que no viajan siempre en una sola dirección.
La República Dominicana necesita discutir sus finanzas con madurez, sin negar la complejidad del momento y sin convertir toda propuesta fiscal en un acto de abuso. Esa madurez exige también hablar del Estado que pretendemos financiar. Un país no se ordena únicamente aumentando ingresos; se ordena aprendiendo a gastar con sentido de prioridad, distinguiendo lo necesario de lo ornamental, cerrando espacios de privilegio y recordando que cada peso administrado por un funcionario salió antes del esfuerzo de alguien que trabajó, produjo, vendió, compró o simplemente consumió para vivir.
La reforma pendiente no se agota en el sistema tributario. Está en el gasto público, en la sobriedad administrativa, en la revisión de privilegios normalizados, en la capacidad del poder para exigirse antes de exigir. Si el país debe atravesar una nueva reforma fiscal, que al menos esta vez el sacrificio no llegue con un solo destinatario; que la cuenta no vuelva a presentarse primero a quienes ya cargan con el costo diario de la vida, mientras la estructura pública conserva intactas sus comodidades. Una reforma puede mejorar temporalmente las cuentas del Estado; solo la ejemplaridad en el manejo de los recursos puede comenzar a reparar la confianza de quienes sienten que siempre terminan pagando la factura.
