La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su respaldo a la docente Milka Mercedes Ramírez, luego de que un tribunal impusiera presentación periódica y garantía económica a dos odontólogos investigados por presunta mala práctica médica.
El presidente provincial del gremio, Mario Acevedo, aseguró que la organización brinda acompañamiento moral a la maestra, aunque insistió en que no busca condenar anticipadamente a los imputados, sino que las autoridades concluyan la investigación y establezcan las responsabilidades correspondientes.
«Nosotros como ADP estamos dándole apoyo moral a la maestra. Tampoco queremos hacerle daño a ningún ser humano. Solo queremos que se investiguen los hechos ocurridos y, si algún procedimiento no fue el correcto, que la justicia tome su decisión», expresó.
Asimismo, Acevedo explicó que Ramírez, docente del centro educativo Cristiano Til, permanece bajo licencia médica desde que fue sometida al procedimiento odontológico y, según dijo, continúa con dificultades para hablar y solo puede alimentarse con líquidos o alimentos licuados.
«Su situación es grave. Hasta el momento no puede hablar normalmente», afirmó.
Medida de coerción
La decisión fue adoptada por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, que impuso presentación periódica y garantía económica a los hermanos Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán, investigados por el Ministerio Público por presunta mala práctica médica e intrusismo.
Según el expediente, Franklin José Almánzar, de 51 años, habría ejercido la odontología sin poseer execuátur y realizó procedimientos en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en La Vega.
La investigación establece que la paciente sufrió lesiones permanentes tras el procedimiento, entre ellas daño nervioso, edema facial, parestesia mandibular, trismo y una herida desgarrada, de acuerdo con una certificación médica incorporada al proceso.
Como parte de la medida, el tribunal impuso a Franklin José Almánzar una garantía económica de RD$75,000 y a William Radhamés Almánzar otra de RD$20,000, ambas mediante depósito en el Banco Agrícola.
Además, ambos deberán presentarse periódicamente ante las autoridades mientras continúan las investigaciones.
Mientras el proceso judicial continúa, la ADP aseguró que mantendrá su respaldo a la docente y reiteró que no busca prejuzgar a los imputados, sino que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.
