El derecho a la educación es un tema-problema vinculado, generalmente, al acceso a los bienes y servicios que ofrece el Estado a través del sistema educativo de una nación. Este derecho se asocia, con frecuencia, a la posibilidad de acceder a los beneficios que aporta desde la educación preuniversitaria. Se vincula con escasa periodicidad a la educación superior, puesto que no todas las personas tienen que acceder a este tipo de educación. Al abordar este tema-problema, se ha de aclarar qué se asume por derecho y por educación. En este sentido, la Real Academia Española sostiene que, cuando se plantea la cuestión de derecho, se subraya un conjunto de principios y de normas que indican idea de justicia y de orden que reglamentan las relaciones en la sociedad y cuyo cumplimiento puede ser impuesto de forma obligatoria.
La educación se asume como un proceso sistemático orientado al desarrollo integral de las personas para el ejercicio consciente, crítico y comprometido con la transformación humana y social. La garantía del derecho a la educación está relacionada con las políticas y con las condiciones que las instituciones de educación superior (IES) han de poner en ejecución para que los actores de estas entidades disfruten del derecho a una educación digna y de calidad. Esto implica una revisión a fondo del alcance y de las implicaciones del carácter integral que se requiere de la educación. Este adjetivo tiene que visualizarse; y demanda expresiones concretas en su normativa y en la cotidianidad de las IES.
La garantía del derecho a la educación se ha de manifestar en la calidad académica de las IES; en su atención a las políticas y a los procesos que inciden de forma directa en el desarrollo de las capacidades de los docentes, de los estudiantes universitarios y de los gestores. Este compromiso está relacionado con los procesos de humanización que las IES deben desarrollar e institucionalizar. Es derecho a una educación completa, contar con oportunidades para que todas las facultades, no solo las cognitivas, sean tomadas en cuenta en el proceso del ejercicio docente, en el trayecto como estudiante y en el desempeño de funciones de gestión. Este derecho a la educación demanda, también, atención el desarrollo social y político de los actores.
Las IES que centran su rol formativo en la oferta de disciplinas con estrategias derivadas de la racionalidad instrumental alimentan la conciencia ingenua y le aportan a la sociedad retardados en pensamiento libre, en pensamiento crítico. Por ello, el derecho a la educación debe retomarse en las IES. Este derecho requiere, para su aplicación, la formación de sujetos que vivan la libertad y desarrollen un pensamiento que les permita reconocer y ejercer esa libertad desde un servicio ético y responsable en la sociedad. Las IES se encuentran inmersas en sus propios problemas; están a distancia de las problemáticas que afecta a sus comunidades. Esta posición limita los impulsos al derecho a la educación; afecta una formación profesional comprometida más allá de los propios intereses.
Las IES que son coherentes con los postulados del derecho a la educación tienen un comportamiento ético y social diferente. Estas instituciones crean las condiciones necesarias para que, en su seno, adquieren fuerza los factores impulsores que favorecen el derecho a la educación con sentido pleno, como son los sistemas democráticos, la calidad de la educación, la participación social, la inclusión educativa y social. Unido a estos factores, está el ejercicio del pensamiento crítico para aportar hondura y lucidez a las decisiones y a las acciones. Si las IES marginan estos factores, habrá dificultad para introducir cambios y para alentar nuevas prácticas.
Con igual fuerza, las IES tienen que erradicar de sus decisiones y espacios aquellos factores que restringen el derecho a la educación. Por tal motivo, han de trabajar con inteligencia, para que factores como la pobreza, la exclusión y la fragilidad de la democracia no encuentren refuerzos ni brechas en sus recintos. La permanencia de factores limitantes aleja las posibilidades del derecho a la educación integral y de calidad que se espera en educación superior. Si este derecho está distante, habrá que dudar de la calidad de la educación que se ofrece, de la integridad de la formación de los actores. También, habrá que dudar del tipo de sociedad que las IES que funcionan de esta forma intentan construir.
El derecho a la educación no es una idea. Implica un ejercicio práctico cotidiano en las IES. En este sentido, las IES, además de formular y aplicar políticas que incentiven el derecho a una educación de calidad, han de formar a los estudiantes para que reconozcan, fortalezcan y defiendan el derecho a la educación para sí y para todos. Han de formarlos, además, para que sean veedores de las buenas prácticas en el derecho a la educación; y de los procesos y acciones que favorecen la involución en el campo del derecho a la educación. Este derecho exige robustez en el campo de la educación superior.
