La Cámara de Cuentas detectó inconsistencias en los registros financieros y casos de baja ejecución presupuestaria en fideicomisos públicos que recibieron más de 35,000 millones de pesos durante 2025, según el análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria del sector público realizado por el órgano fiscalizador.
La revisión encontró diferencias entre los datos reportados por la Fiduciaria Reservas y el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), así como discrepancias en la clasificación de recursos transferidos a algunos de estos mecanismos.
Por primera vez, la Cámara de Cuentas incorporó en su informe anual un análisis de la ejecución de los fideicomisos públicos. Como parte de esa revisión, contrastó la información suministrada por la Fiduciaria Reservas con los registros del SIGEF y con los reportes remitidos por los entes gubernamentales responsables de estos instrumentos.
El informe señala que la Fiduciaria Reservas reportó transferencias por 35,522.3 millones de pesos destinadas a siete fideicomisos públicos. Sin embargo, en el SIGEF solo figuran 25,794.6 millones por concepto de transferencias a fideicomisos, lo que arroja una diferencia de 9,727.6 millones de pesos.
Además de la diferencia de montos, la Cámara observó problemas en la clasificación de algunas operaciones. Entre los casos citados figuran las transferencias realizadas por el Ministerio de la Presidencia a entidades como Sofratesa, Alstom Proyectos de Transporte y BPI France Assurance Export bajo una categoría presupuestaria correspondiente a transferencias para fideicomisos públicos, una clasificación que, según el informe, no se corresponde con la naturaleza real de esas operaciones.
Para el órgano fiscalizador, estas situaciones constituyen un incumplimiento del principio de transparencia establecido en la Ley 423-06 de Presupuesto, debido a que afectan la fiabilidad de la información financiera pública, dificultan la trazabilidad de los recursos transferidos y limitan la capacidad de fiscalización sobre el uso de fondos estatales.
Diario Libre solicitó una reacción a Fiduciaria Reservas sobre las diferencias identificadas por la Cámara de Cuentas entre sus registros y los del SIGEF, así como sobre las observaciones relacionadas con la ejecución de los recursos transferidos a fideicomisos públicos. Sin embargo, la entidad declinó ofrecer comentarios sobre el tema.
Baja ejecución
La revisión también encontró una limitada ejecución presupuestaria en varios fideicomisos, además de inconsistencias y retrasos en la presentación de información financiera.
Durante una entrevista concedida a Diario Libre en la sede de la Cámara de Cuentas, la miembro del pleno Griselda Gómez explicó que la evaluación realizada por primera vez sobre los fideicomisos públicos detectó que una parte importante de los recursos transferidos permanece sin utilizar, aunque no precisó el monto.
«Encontramos que el año pasado se transfirieron unos 35,000 millones de pesos, pero hay una ejecución muy baja de estos recursos; el dinero está todavía disponible en la fiduciaria», afirmó Gómez.
Entre los casos señalados por el informe figuran el fideicomiso para el Fomento de Proyectos Aeroportuarios Dominicanos (Proaeropuertos) y el fideicomiso del parqueo de la Cámara de Diputados, que no registraron operaciones ni ejecución presupuestaria durante el período analizado debido a que aún se encuentran en fases iniciales de estructuración.
La Cámara también reportó que el fideicomiso de Punta Catalina no registró ejecución presupuestaria ni operaciones financieras o administrativas durante 2025, aunque en los registros de la Fiduciaria Reservas figuraba un balance remanente de 1.2 millones de pesos correspondiente al año anterior, por lo que recomendó formalizar su cierre y liquidación.
Asimismo, identificó discrepancias en la clasificación de recursos del Fideicomiso para el Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), donde los registros de la fiduciaria y los del SIGEF presentan diferencias sobre la naturaleza de las transferencias reportadas.
El análisis forma parte del informe anual que la Cámara de Cuentas remite al Congreso Nacional sobre la ejecución presupuestaria del Estado y constituye la primera evaluación específica realizada por el organismo sobre la gestión financiera de los fideicomisos públicos.
Controversia por aumento salarial
Emma Polanco confirmó que la actual gestión aplicó aumentos salariales al personal de la institución tras realizar, junto al Ministerio de Administración Pública (MAP), un estudio que identificó problemas de retención de talento y rezagos en las remuneraciones.
Según explicó, el salario base de los auditores fue incrementado hasta 86,000 pesos mensuales, mientras que empleados de menores ingresos, como choferes y personal de mayordomía, recibieron aumentos de entre un 30 % y un 50 %. Además, la entidad incorporó beneficios como transporte, almuerzo y mejoras en la cobertura de seguros médicos.
La política salarial estuvo rodeada de controversia luego de que trascendiera una resolución que contemplaba incrementos en las compensaciones de los propios miembros del pleno. La medida fue posteriormente dejada sin efecto en medio de cuestionamientos públicos sobre su legalidad.
Consultada sobre ese episodio durante la entrevista, Polanco evitó profundizar en el tema. «Pasó mucha agua ya por el molino y hemos decidido pasar esa página y trabajar», respondió.
1,005 auditorías
El pleno de la Cámara de Cuentas informó que actualmente tiene 1,005 auditorías en proceso, de las cuales 205 se encuentran en ejecución, mientras que durante su primer año de gestión logró concluir y publicar alrededor de 90 informes que permanecían pendientes de períodos anteriores.
La presidenta del organismo, Emma Polanco, explicó que muchas de las auditorías encontradas correspondían a gestiones previas y requerían ser completadas antes de su publicación.
Déficit de auditores y costo de fiscalización
La presidenta de la Cámara sostuvo que la institución aún enfrenta limitaciones de personal para responder a la demanda de fiscalización.
Según explicó, al asumir la gestión encontraron cerca de 200 auditores y actualmente la cifra supera los 300, tras la incorporación de 82 nuevos profesionales mediante concurso público. Sin embargo, estimó que serían necesarios unos 200 auditores adicionales para atender adecuadamente las necesidades del organismo.
«Todo el mundo quiere una auditoría de la Cámara de Cuentas (…) necesitaríamos unos 200 más para abastecer un poco la demanda que tenemos», afirmó Polanco.
La funcionaria agregó que el salario base de un auditor ronda los 86,000 mensuales pesos y que mantener cada auditor equipado con licencias tecnológicas y herramientas de trabajo representa un costo aproximado de 1.8 millones de pesos al año.
Persisten omisos en gobiernos locales
En materia de declaraciones juradas de patrimonio, la Cámara reportó que logró regularizar cerca de 1,800 casos de incumplimiento tras simplificar la plataforma utilizada para presentar la información. Según explicó el miembro del pleno Francisco Alberto Franco Soto, el sistema pasó de requerir alrededor de 450 campos a poco más de 200.
El funcionario destacó que actualmente no existen legisladores omisos en el Congreso Nacional y que los mayores niveles de incumplimiento se concentran en el ámbito municipal, particularmente entre representantes de distritos municipales.
También señaló que la Cámara ha fortalecido los mecanismos de verificación patrimonial y que la ley permite solicitar la retención de salarios a quienes incumplan con la obligación de declarar bienes dentro de los plazos establecidos.
Tecnología e inteligencia artificial
La Cámara de Cuentas aseguró, además, que avanza en un proceso de transformación digital que ha eliminado el uso de papel en los procesos de auditoría y ampliado las herramientas tecnológicas disponibles para los auditores.
De acuerdo con Franklin Ureña Capellán, director de Tecnología de la Cámara, el nuevo sistema incorpora controles de calidad automatizados y herramientas de inteligencia artificial para apoyar la elaboración de informes.
Además, la institución trabaja en la implementación de internet satelital para facilitar las labores de fiscalización en zonas con poca conectividad.
