Negocios de préstamos informales que operan al margen de la regulación financiera han sido señalados por ejercer métodos de cobros violentos contra sus clientes, este tipo de cobro ha generado muertes en distintos sectores de esta ciudad.
De acuerdo con informaciones recabadas, estas empresas identifican a sus posibles clientes mediante un levantamiento detallado de datos personales, que incluye lugar de trabajo, residencia, entorno familiar y actividad económica.
Su público es diverso y abarca desde trabajadores informales, como buhoneros y choferes de concho, hasta empleados con salarios mínimos y pequeños comerciantes, propietarios de colmados o salones de belleza.
El principal atractivo de estos negocios es la facilidad y rapidez para otorgar el dinero, sin los requisitos de las entidades financieras reguladas, aprovechándose de la necesidad de los clientes, muchos de ellos empleados informales.
No obstante, los préstamos implican costos elevados: las tasas alcanzan hasta un 20% semanal sobre el monto prestado, lo que equivale, por ejemplo, a pagar 20 mil pesos cada mes y 5 mil cada semana por un préstamo de 100 mil.
Residentes aseguran que en los barrios es conocido el modo de operar de estos grupos, cuyo sistema de cobro se basa en la intimidación y el miedo. Sin embargo, el temor a represalias ha limitado que las víctimas ofrezcan testimonios en cámara, lo que dificulta visibilizar la magnitud del problema.
víctima
Un trabajador informal identificado como “Beto”, residente en el sector Pekín, en la zona sur de Santiago, denunció haber sido víctima de amenazas por parte de prestamistas informales que operan en esa comunidad, bajo métodos coercitivos y al margen de la ley.
Según relató, estos individuos colocan el dinero directamente en manos de las personas, incluso sin que lo hayan solicitado, y luego exigen el pago bajo condiciones estrictas, aprovechándose afirmó de la necesidad económica de quienes aceptan el préstamo.
Explicó que los prestamistas aplican un interés de hasta un 10% semanal, lo que considera excesivo en comparación con las entidades formales, que suelen cobrar tasas mensuales más bajas y bajo regulaciones establecidas.
“Beto” aseguró que ha sido amenazado directamente por estos cobradores, quienes le advierten que, aunque interponga denuncias, las consecuencias se resolverán “en la calle”, obligándolo a buscar el dinero bajo presión constante.
Detalló que los cobradores suelen desplazarse en motocicletas, generalmente en parejas y armados con pistolas u otras armas de fuego, utilizando vestimenta oscura, capuchas o pasamontañas para evitar ser identificados.
Indicó además que, aunque no ha presenciado ejecuciones directamente, sí ha escuchado de agresiones físicas contra deudores, las cuales según explicó buscan intimidar y forzar el pago mediante el miedo.
El abogado Juan Carlos Báez Peralta denunció la existencia de redes de préstamos informales que operan al margen de la ley en sectores de Santiago, utilizando métodos irregulares para captar y cobrar dinero a los ciudadanos.
Explicó que estos grupos imponen préstamos de manera arbitraria, incluso a personas que no los solicitan, para luego exigir pagos con intereses elevados, recurriendo a presiones y prácticas coercitivas.
Señaló la presencia de estructuras delictivas como “los norieganos”, que según indicó actúan en zonas como Pekín y el sur de la ciudad, además de cobradores que llegan desde otras provincias, como Puerto Plata, operando sin autorización legal.
El jurista advirtió que estas redes emplean violencia, amenazas de muerte, agresiones físicas y hostigamiento constante, lo que convierte el proceso de cobro en un acto delictivo más que en una gestión financiera legítima.
Finalmente, exhortó al Ministerio Público a investigar y dar seguimiento a estos casos, destacando que a diario ciudadanos acuden a la Fiscalía denunciando abusos, pese a reconocer las deudas, debido a las condiciones ilegales en que son obligados a pagar.
Mientras que el abogado Carlos Villanueva explicó que, en esencia, estos casos se enmarcan en el ámbito civil, al tratarse de contratos de préstamo entre particulares; sin embargo, advirtió que muchas de estas transacciones se realizan de forma irregular y fuera de los mecanismos legales establecidos.
Villanueva señaló que los prestamistas se aprovechan tanto de la necesidad económica de las personas como de las exigencias del sistema financiero formal, que dificulta el acceso al crédito para ciertos sectores.
Como ejemplo de las consecuencias de esta problemática, mencionó el caso del abogado Santiago Reyes, quien según indicó perdió la vida en medio de conflictos vinculados a este tipo de prácticas de préstamos con altos intereses.
Finalmente, lamentó la inacción de las instituciones responsables de supervisar estas actividades, advirtiendo que la falta de regulación ha derivado en situaciones graves, donde incluso se han registrado pérdidas de vidas humanas por conflictos relacionados con deudas.
Crecimiento de préstamos informales
El abogado Carlos Villanueva atribuyó el crecimiento de los préstamos informales y sus prácticas abusivas a la falta de acción de las autoridades reguladoras y del sistema financiero.
Villanueva sostuvo que entidades como los bancos y organismos supervisores no han intervenido de manera efectiva para frenar estas actividades, lo que ha permitido que se expandan sin control en distintos sectores.
