La gravedad de una tragedia no autoriza a castigar con una ley que no existía. Las conductas atribuidas en el caso Jet Set son omisivas, y la pregunta decisiva es si el Código napoleónico permitía imputar una muerte a quien no la evitó. La respuesta es que solo lo permitía si se probaba un deber concreto de actuar, de fuente legal o reglamentaria.
La omisión propia es la que el legislador describe como tal, como la omisión de socorro. La impropia ocurre cuando un resultado descrito en un tipo de acción, como “matar”, se imputa a quien no hizo lo debido para evitarlo. Equiparar no evitar con causar exige una cláusula expresa; sin ella, el tipo se extiende más allá de su letra. El Código napoleónico no la contenía. El nuevo Código Penal la incorpora en su artículo 12, con requisitos precisos: posición de garante, posibilidad de evitar el resultado y equiparabilidad con la acción. Un legislador no fija condiciones tan detalladas para lo que ya estaba regulado.
Los artículos 12 y 112, Párrafo II, no son leyes favorables. El primero amplía la punibilidad; el segundo prevé diez años de prisión mayor cuando mueren más de cinco personas, frente a los tres meses a dos años del artículo 319 anterior. La Constitución exige leyes preexistentes al acto imputado (artículo 69.7) y solo admite la retroactividad que favorezca al imputado (artículo 110). Si los hechos son anteriores a la vigencia del nuevo Código, ninguna de las dos normas puede aplicarse.
El artículo 319 castiga a quien, “por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él”. La acusación objetará, con razón, que la fórmula causal es abierta y que la negligencia y la inobservancia consisten en no hacer lo debido, por lo que la culpa por abstención siempre fue punible. Dirá también que el artículo 12 solo explicita lo que ya se aplicaba.
Admitida la primera objeción, la tesis no se debilita, sino que se precisa. Sancionar la culpa omisiva es distinto de construir judicialmente una posición de garante. Antes de la reforma, quien omitía respondía solo si una norma legal o reglamentaria le imponía un deber concreto de actuar, y la acusación debía identificar esa fuente y probar su incumplimiento. Suplirla con doctrina sería analogía in malam partem, contraria a la legalidad (artículo 69.7), a la interpretación restrictiva que ordena el artículo 25 del Código Procesal Penal y al mandato de interpretar en el sentido más favorable a la persona (artículo 74.4). No se trata del in dubio pro reo, que opera sobre la duda probatoria, sino del alcance mismo de la norma.
El riesgo es mayor porque la fórmula “o sea causa involuntaria de él” opera como un tipo omisivo abierto. En la omisión no hay causalidad real, sino hipotética: se afirma que la conducta debida habría evitado el resultado. Como el Código napoleónico no definía la posición de garante, bastaría ser “causa” en ese sentido para responder, y respondería cualquiera que hubiera podido evitar la muerte.
Eso vulneraría la personalidad de la persecución penal (artículo 40.14 de la Constitución: nadie es penalmente responsable por el hecho de otro). En una empresa cuya operatividad corresponde a otros y especialmente cuando en las obras realizadas intervinieron ingenieros, contratistas y otros encargados de ejecutarla, se respondería por el cargo o por la pertenencia a la cadena de ejecución, y no por un deber propio, individualizado según la función y el dominio del riesgo de cada imputado. Además, el juez decidiría caso por caso quién debía actuar, con lo que se afecta la taxatividad. Solo la posición de garante, definida por la ley, evita esa deriva.
Si no se identifica un deber de fuente legal o reglamentaria, falta tipo aplicable y procede la absolución penal. Si se identifica, la calificación máxima es la del artículo 319, y nunca la del homicidio doloso. En ambos casos subsiste la reparación de las víctimas por los artículos 1382 y 1383 del Código Civil. Solo en hipótesis, el nuevo Código llevaría el caso al artículo 112, Párrafo II, y no al 91, lo que confirma que el legislador situó estas conductas fuera del homicidio doloso.
La respuesta a una tragedia se mide por su fidelidad a las reglas vigentes al momento de los hechos. La omisión impropia es una creación del nuevo Código, y proyectarla hacia el pasado equivaldría a castigar sin ley previa. A las víctimas corresponde la reparación y la responsabilidad que el derecho sí preveía.























