Recientes descargos penales de personajes de cuestionada reputación azuzan la curiosidad sobre la perseverancia de la impunidad en nuestra sociedad. Junto a otros antecedentes de la lucha contra ella, esos descargos cuestionan la efectividad de los esfuerzos judiciales realizados. No hay que olvidar que la oleada de protestas del 2017 a raíz del escándalo de Odebrecht fue un grito estentóreo por un ministerio publico independiente que mostrara resultados efectivos. Pero su alegada independencia y el esfuerzo persecutorio desde entonces despiertan dudas y pueden provocar desencantos. Un pase de revista a lo acontecido hasta ahora permitirá al ciudadano lector sacar sus propias conclusiones.
Desde agosto de 2020, cuando asumió el presidente Luis Abinader, el Ministerio Público (MP) abrió varias “operaciones” contra funcionarios y allegados del gobierno de Danilo Medina 2012-2020. A continuación, y según la IA –ChatGPT-4), el estado actual de los casos más importante:
“1. Casos que ya fueron a juicio de fondo y tienen sentencia
Caso Anti-Pulpo
- Imputados principales: Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina; Carmen Magalys Medina, hermana; Fernando Rosa, ex director de Fonper, y 27 personas más 21 empresas.
- Hecho: Tráfico de influencia para conseguir contratos públicos. El MP estimó desfalco de RD$4,796 millones.
- Estado: Sentencia dictada el 14 de agosto de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado.
- Penas aplicadas: ○ Alexis Medina: 7 años de prisión, RD$500 millones en reparación civil, y multa de 150 salarios mínimos por RD$1.5 a 3.85 millones.
○ Otros imputados recibieron penas menores, prisión suspendida y multas. El tribunal ordenó además decomiso de bienes.
–Actualmente el caso se encuentra en fase de apelación, por lo que las condenas todavía no son definitivas.
Caso Coral
Estos expedientes involucran una supuesta red de corrupción dentro de organismos militares y de seguridad del Estado.
- Imputados: General Adán Benoni Cáceres, ex jefe del CUSEP, y civiles/militares. Supuesto desfalco de RD$4,500 millones.
- Penas pedidas por el MP: 5 a 20 años de prisión. La sentencia aún no se ha publicado.
El juicio de fondo continúa. Hasta junio de 2026 no se habían dictado sentencias definitivas ni condenas.
- Casos en fase de instrucción, aún sin juicio de fondo
Caso Calamar
Considerado el expediente de mayor volumen económico. En mayo de 2026, el tribunal envió a juicio a la mayoría de los acusados.
- Imputados: Exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, entre otros. Desfalco imputado: más de RD$19,000 millones.
- Estado: En marzo de 2025 la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción se retiró a ponderar si dicta auto de apertura a juicio.
Una sentencia del 28/5/26 declaró un no ha lugar para Castillo y Peralta y para otros exfuncionarios e imputados, decisión que el Ministerio Público anunció que apelaría.
Caso Medusa
- Imputado principal: Jean Alain Rodríguez, ex Procurador General 2016-2020. Supuesto manejo irregular de más de RD$1,000 millones.
- Estado: En febrero de 2023 se aplazó el juicio preliminar. Tiene medida de coerción de prisión preventiva desde julio de 2021. Por numerosos incidentes presentados por la defensa, sigue en instrucción y no existen condenas ni decisiones de no ha lugar definitivas.
- Casos con No Ha Lugar
No hay casos públicos contra exfuncionarios de Danilo Medina que hayan recibido “No Ha Lugar” definitivo desde agosto 2020. Varios imputados han pedido la exclusión de pruebas y la variación de la medida de coerción, pero la jueza de instrucción no ha dictado descargo total en los expedientes grandes. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia exoneró de culpa a Victor Diaz Rua y Angel Rondon sobre los alegados sobornos de Odebrecht por falta de pruebas.
- Casos en riesgo de prescripción
En la RD la acción penal por corrupción administrativa prescribe a 10 años. Los hechos imputados ocurrieron entre 2012-2020. Riesgo concreto:
- Hechos anteriores a agosto 2015: Están cerca del límite de 10 años. El MP aceleró el depósito de acusaciones en 2022-2023 precisamente para evitarlo.
- Caso Medusa: Los hechos más antiguos son de 2016, por lo que están fuera de riesgo inmediato.”
El repaso anterior no incluye otros casos de alegada corrupción sometidos por el Ministerio Publico desde el 2020. Por ejemplo. no incluye los casos surgidos durante el presente gobierno: Cárcel Las Parras, Ministerio de la Juventud, Lotería Nacional, Minerd, Propeep, Inabie, Intrant, Senasa, etc.) Y por supuesto, no incluye las negligencias procesales del exprocurador Jean Alain Rodriguez al no acoger la oferta de colaboración de la Fiscalía Federal de Brasil para descifrar los codinomes de Odebrecht, tal y como lo logró la Fiscalía de la Nación de Peru. Además, nadie ha reclamado lo que le falta por pagar a Odebrecht de la multa de US$180 millones que le fuera impuesta por su admisión de sus sobornos dominicanos. Tampoco se dió seguimiento a los reportajes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el soborno de Odebrecht sobre Punta Catalina.
¿Puede el ciudadano lector sentirse satisfecho con la labor el Ministerio Publico independiente respecto a las expectativas de la Marcha Verde sobre la corrupción y la impunidad? Sobre estos casos un reciente artículo de la prensa señaló: “La justicia dominicana tiene un problema que ya no puede ocultarse detrás de tecnicismos, estadísticas ni discursos institucionales. Camina, sí, pero lo hace con una visible cojera. Avanza unos pasos y retrocede otros tantos. Y mientras tanto, los años pasan.” Para algunos la recuperación de RD$6,500 millones hasta ahora es muestra de eficiencia, pero cuando se recuerda que son RD$130,000 millones lo que está bajo investigación la satisfacción con la justicia palidece respecto a la lucha contra la impunidad. Viene a la mente el sepelio de la moralidad pública.
Después de unos seis años de intenso trajinar judicial sobre estos casos, el ciudadano lector deberá decidir: 1) si la ausencia de los codinomes, 2) los enormes expedientes del Ministerio Publico, 3) las pruebas divulgadas, 4) la aplicación del criterio de oportunidad que evitó que algunos imputados devolvieran poco de lo mucho defraudado, y 5) los no ha lugar inclinan la balanza hacia la conclusión de que sigue imperando la impunidad. O si por el contrario las largas diligencias procesales y sus resultados otorgan credibilidad a nuestro sistema judicial. Si lo primero, ¿ha fallado el Ministerio Publico, los jueces o las normativas procesales? Cualquiera que sea la percepción de la culpa, esa conclusión equivale a una brutal carcajada de la impunidad y la sociedad dominicana deberá procurar mejorar su aparato judicial.
Mas allá de la necesidad de un modificado ordenamiento judicial para acabar con la impunidad seria necesario entronizar, sin que surjan dudas sobre una posible inclinación política, la independencia del Ministerio Publico. El Consejo Nacional de la Magistratura esta hoy día encargado de seleccionar al Procurador General, lo cual implica que es la clase política la que domina el proceso. Preferible seria que esa delicada escogencia le sea encargada a organizaciones de la sociedad civil –tal y como serian Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII y FINJUS—que en el Consejo suplanten a los miembros de los partidos políticos. Así lograda, la independencia del Ministerio Publico no siempre garantizará un combate idóneo contra la impunidad a nivel judicial, pero por lo menos bregará con los casos de manera más imparcial y diligente.
