1994 no fue una fecha cualquiera para la justicia dominicana. La crisis política de aquel año abrió paso a una reforma constitucional que modificó el modo de escoger la Suprema Corte de Justicia, introdujo el Consejo Nacional de la Magistratura y colocó sobre la mesa una promesa que todavía merece examen: construir un Poder Judicial menos dependiente de los acuerdos políticos directos, más profesional y con mayor capacidad para sostener la confianza ciudadana.
Treinta y dos años después, la pregunta ya no puede formularse con ingenuidad. No basta con decir que aquella reforma fue necesaria, lo fue; tampoco basta con enumerar sus avances, que los tuvo. La cuestión de fondo es otra: qué aprendimos en estas tres décadas y qué estamos dispuestos a corregir antes de volver a escoger autoridades judiciales bajo las mismas lógicas que han ido debilitando la confianza en el sistema.
La reforma de 1994 permitió una ruptura importante; sacó la selección de los jueces superiores de mecanismos más directos de control partidario, creó una instancia de deliberación institucional y abrió el camino para una Suprema Corte distinta a la que el país conocía. Luego vino la integración de 1997, la consolidación inicial de la carrera judicial, el desarrollo de la Escuela Nacional de la Judicatura, la profesionalización de muchos jueces, el fortalecimiento de áreas antes débiles y una nueva conciencia pública sobre la independencia judicial. Negar esos avances sería injusto e históricamente incorrecto; pero reconocerlos no obliga a callar el deterioro.
La reforma cambió parte de la arquitectura institucional, pero no terminó de desmontar la cultura política que rodea la justicia dominicana. Ese es el punto que ya no debe seguirse eludiendo. Durante estas tres décadas aprendimos que crear un Consejo Nacional de la Magistratura no garantiza, por sí solo, una selección inmune a equilibrios políticos; que celebrar entrevistas públicas no siempre equivale a producir deliberaciones transparentes; que hablar de méritos no impide que operen simpatías, cálculos, cuotas, respaldos privados o conveniencias de coyuntura y, en suma, que la independencia judicial no se agota en cambiar el procedimiento de designación.
La Constitución dominicana reconoce la carrera judicial como garantía de independencia y profesionalización; la Ley núm. 327-98 desarrolló esa aspiración mediante un modelo de concursos, formación, evaluación y ascenso por mérito. El país invirtió en formar jueces, creó una cultura de capacitación, exigió dedicación, sometió a los magistrados a evaluaciones, levantó una Escuela Nacional de la Judicatura y les pidió construir una vida profesional dentro del sistema. Sin embargo, luego de décadas de ese esfuerzo, una parte importante de la judicatura percibe que el mérito tiene techo y que la cúspide continúa reservada a decisiones que no siempre nacen de la propia vida judicial; ahí hay una contradicción que debe mirarse de frente.
Desde que los jueces formados dentro del nuevo modelo de carrera comenzaron a llegar a la Suprema Corte de Justicia, las presidencias de la institución no han recaído en ninguno de los magistrados provenientes de esa trayectoria. El señalamiento no busca descalificar a quienes han ocupado esa posición, ni negar que el país cuenta con abogados externos de alto prestigio profesional, académico e institucional. La Constitución admite la integración de perfiles diversos y esa apertura puede enriquecer al sistema. Pero después de treinta y dos años de carrera judicial, formación continua y profesionalización, la ausencia de una presidencia surgida desde dentro del propio Poder Judicial envía un mensaje delicado: el sistema forma jueces, pero no parece confiar del todo en ellos para conducirlo.
Esa percepción tiene consecuencias. Un juez que atraviesa concursos, formación, evaluaciones, años de servicio, sacrificios personales, maestrías, doctorados y responsabilidades jurisdiccionales puede terminar sintiendo que su carrera se detiene en las cortes de apelación o, a lo sumo, en la integración de la Suprema Corte de Justicia, sin posibilidad real de presidirla. Esa frustración no es un asunto de vanidad personal; afecta el sentido de pertenencia, la autoridad interna del sistema, la legitimidad de sus líderes y la confianza de quienes deben sostener la justicia desde adentro.
La próxima selección de autoridades judiciales debe tomar nota de esa experiencia. El país no puede seguir escogiendo la cúspide judicial como si cada proceso comenzara desde cero. No comenzamos desde cero; venimos de una historia concreta, con avances, tensiones, conflictos, distancias, paros, reclamos salariales, quejas de servidores, litigantes frustrados y ciudadanos que siguen esperando una justicia más cercana, más rápida y más confiable. La justicia dominicana no puede permitirse otro salto al vacío.
La República Dominicana vive un momento político y social delicado. La desconfianza en las instituciones no es un asunto de simple percepción pública; puede sentirse en las calles, en las conversaciones cotidianas, en las redes sociales y en la manera en que muchos ciudadanos miran al Estado. Tiene consecuencias sobre la convivencia, la inversión, la seguridad jurídica, la solución de conflictos, la paz social y la relación entre ciudadanía y poder. A eso se suma un contexto internacional complejo, donde las democracias enfrentan presiones económicas, tecnológicas, migratorias, de seguridad y de legitimidad. En ese escenario, un Poder Judicial débil, distante o capturado por lógicas políticas no es simplemente un problema de abogados. Es un riesgo para el equilibrio social.
La justicia es una de las pocas instituciones llamadas a decirle al poder que no, al dinero que espere, a la mayoría que respete límites y al ciudadano que todavía existen reglas. Cuando esa función pierde credibilidad, los conflictos buscan otros caminos. La gente deja de confiar en el tribunal y empieza a confiar en voces que llaman a la desobediencia y a la violencia; en la influencia, en la presión, en el contacto, en el ruido público o en la fuerza. Ese es el fracaso que debe evitarse.
Por eso la próxima selección no puede medirse únicamente por currículos brillantes, relaciones correctas o discursos bien construidos. Es necesario preguntarse quién comprende de verdad el sistema judicial, quién conoce la vida interna de los tribunales, quién entiende la situación de los jueces de carrera, quién sabe lo que ocurre con los servidores judiciales, quién ha visto la mora como problema humano y no solo como estadística, quién entiende que la digitalización es herramienta y no gobierno, quién puede conducir sin convertir la justicia en extensión de la coyuntura política. No se trata de escoger una figura cómoda para el poder político del momento; se trata de escoger autoridades capaces de proteger al sistema incluso frente a ese poder.
La Suprema Corte de Justicia tiene una naturaleza particular. En ciertos momentos puede verse llamada a servir como órgano de equilibrio institucional, a mediar tensiones entre poderes y a preservar estabilidad democrática. Esa función existe y no debe ser negada; pero una cosa es que la Suprema Corte dialogue con el sistema político desde su autoridad constitucional, y otra muy distinta es que su integración o conducción sea definida conforme a intereses políticos, cuotas, gratitudes o cálculos de conveniencia. La justicia puede contribuir al equilibrio político, lo que no puede es ser administrada como pieza del reparto político.
Ese aprendizaje debería ser central en la etapa que viene. La reforma de 1994 intentó reducir la dependencia directa de la justicia frente a la política, pero el país no ha logrado impedir que la política siga rondando el proceso de selección. A veces de forma abierta, a veces mediante consensos opacos, a veces mediante silencios convenientes, a veces a través de respaldos que no aparecen en las actas, pero pesan en las decisiones. Esa realidad no se corrige con solemnidad institucional. Se corrige con criterios públicos, motivaciones serias, deliberación real y una ciudadanía atenta.
También debe prestarse atención a la captura privada, menos visible que la política, pero igual o más peligrosa. No toda influencia llega desde los partidos; también existen grupos económicos, profesionales, corporativos y de poder que entienden la justicia como espacio estratégico. La captura privada no necesita órdenes explícitas; le basta promover perfiles, construir legitimidades, bloquear discusiones, proteger silencios o instalar la idea de que ciertos nombres son inevitables y que algunos currículos representan la salvación del sistema. Una justicia seleccionada bajo esas presiones puede parecer técnicamente solvente y, aun así, nacer condicionada.
En treinta y dos años debimos aprender que la independencia judicial se pierde muchas veces antes de dictar sentencia. Se pierde en la selección, en la deuda de gratitud, en la falta de transparencia, en la debilidad del liderazgo, en la ausencia de carrera, en la desatención a los servidores, en la distancia con el usuario, en la falta de compromiso con los intereses de la nación y en la costumbre de decidir la justicia desde espacios ajenos a la justicia.
Los jueces no son los únicos afectados por estas distorsiones; también los servidores judiciales han sostenido durante años una parte esencial del sistema sin recibir siempre una ruta clara de desarrollo. Abogados ayudantes, letrados, técnicos, secretarias, oficinistas y personal de apoyo cumplen funciones que inciden directamente en la calidad del servicio, muchas veces con responsabilidades superiores al reconocimiento que reciben. Una reforma judicial que no mire a esos servidores estará revisando solo la fachada del edificio.
Los abogados, como auxiliares de la justicia, tampoco pueden seguir observando desde la acera. Litigar en un sistema lento, distante, saturado o tecnológicamente confuso afecta la relación con el cliente, encarece los procesos, deteriora la confianza y convierte derechos en esperas indefinidas. El ciudadano no distingue entre juez, plataforma, secretaría o gestión administrativa. Para el ciudadano, todo eso es justicia. Si falla cualquiera de esas piezas, falla el sistema completo.
La digitalización merece una evaluación honesta dentro de este balance. Modernizar era necesario. La justicia necesitaba trazabilidad, expedientes organizados, acceso remoto y mejores herramientas; pero digitalizar no equivale a gobernar. Un sistema electrónico no sustituye liderazgo; una audiencia virtual no corrige por sí sola la mora; una plataforma no reemplaza al servidor capacitado, ni un indicador convierte en justo un proceso que sigue siendo lento, inaccesible o imprevisible. La tecnología debe servir al usuario, no obligar al usuario a rendirse ante ella.
También aprendimos que la modernidad no siempre llega de la mano de la juventud ni de la fascinación por las plataformas. Puede haber una administración joven con reflejos viejos, así como puede haber experiencia acumulada capaz de mirar el sistema con más sentido de futuro que muchos discursos de innovación. La verdadera modernidad judicial no consiste en trasladar el expediente a una pantalla, sino en lograr que la justicia sea más cercana, más comprensible, más confiable y más útil para la sociedad; el próximo liderazgo judicial debe entender esa diferencia.
La selección que se avecina no debería limitarse a preguntar quién tiene mejor hoja de vida. Debe preguntar quién puede reconstruir confianza; quién puede hablarle a los jueces sin distancia; quién puede mirar a los servidores como parte del sistema y no como simple apoyo; quién puede escuchar a los abogados sin verlos como molestia o seres inferiores; quién puede comprender que detrás de cada expediente hay un conflicto social o económico; quién tiene independencia real para resistir presiones políticas y privadas y, en suma, quién puede administrar sin soberbia para gobernar sin miedo.
La República Dominicana necesita una justicia que produzca decisiones, pero también confianza. Una justicia que resuelva conflictos, pero que además sea creída por quienes pierden y por quienes ganan. Una justicia capaz de administrar diferencias en una sociedad cada vez más compleja, que entienda que su función no es acompañar al poder, sino equilibrarlo.
Treinta y dos años después, el país debe decidir si aprendió algo: aprendimos que la reforma institucional puede abrir puertas, pero no garantiza cultura democrática; que la carrera judicial puede formar buenos jueces, pero necesita futuro para sostenerlos; que el Consejo Nacional de la Magistratura puede ordenar el proceso, pero no basta si la deliberación se vuelve ritual; que la tecnología puede ayudar, pero no convierte en moderno a un sistema que sigue distante del usuario; que los salarios importan, pero no compran legitimidad; que la política puede mediar, pero también puede capturar; que una justicia sin confianza termina debilitando todo lo demás. Esas lecciones no pueden guardarse para después de la selección. Deben estar presentes antes.
La próxima etapa judicial no puede nacer de una negociación silenciosa ni de un consenso fabricado lejos del sistema; tiene que nacer de una discusión pública seria, con criterios conocidos y con conciencia del momento histórico que vive el país. No se trata de escoger autoridades para satisfacer el equilibrio de las principales fuerzas políticas del país; se trata de escoger autoridades para sostener la justicia en una sociedad que necesita respuestas. Si 1994 fue un punto de partida, 2026 no puede ser una repetición automática o pagaremos un alto precio.
La justicia dominicana no puede darse el lujo de volver a empezar desde cero; tiene que dejar de repetir los errores conocidos. Si el país vuelve a jugarse la selección judicial sin aprender de estas tres décadas, el problema no será solo de quienes resulten escogidos. Será también de una clase política que, teniendo a la vista sus propias lecciones, decidió ignorarlas, y de una sociedad que volverá a ser la víctima, como tantas otras veces.
