La elección del presidente Abinader a la presidencia del PRM representa, en el marco de nuestra cultura política, un gran hito de maduración. No porque haya sido resultado de un consenso bien logrado dentro de su partido, sino porque introduce un panorama sin precedentes en el cuadro dirigencial de los tres partidos mayoritarios. La experticia de gerencia política que ahora implica tener un presidente y dos expresidentes a la cabeza de esos partidos ofrece una magnífica oportunidad para por lo menos mejorar las tambaleantes finanzas públicas. Y no hay una tarea más neurálgica para nuestro desarrollo que el anhelado Pacto Fiscal que estos insignes lideres pueden y deben legarle a la nación.
Esa es la más trascendente e impactante reforma que hace décadas requiere nuestra administración pública. Ha sido soslayada antes y después de que en el 2012 se aprobara por ley la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que preveía la necesidad de un Pacto Fiscal. La reconfiguración del gasto público es una tarea que debe provenir de mejores prácticas y políticas públicas. Pero detener el progresivo endeudamiento público es todavía más importante: el servicio de la deuda externa solamente se traga el 26% de la recaudación tributaria y el déficit fiscal no baja de 3% anual del PIB. De ahí que el gasto en salud y la inversión pública no puedan ser más de un 1.9% y un 2.5% del Presupuesto General del Estado 2026, cuando el promedio America Latina es de 6.3% y 4.3% respectivamente.
La coyuntura es propicia para que los tres presidentes se aboquen a diseñar una contundente reforma fiscal, tanto del gasto como de los ingresos. Con el conocimiento de la cosa pública que ellos poseen y las relaciones combinadas con los lideres de los diferentes sectores a ser afectados por el Pacto, se puede asumir que el producto resultante seria de superior calidad y mejor aceptación. Se admite, por supuesto, que los tres presidentes deberán tener la voluntad política para imponer lo que ellos acuerden, por encima tanto de sus propios partidarios como por encima de los contribuyentes. Esa, sin duda, es la muestra de coraje y altruismo político que se requiere para sacar a las finanzas públicas del empantanamiento actual.
Naturalmente, los técnicos de cada partido tendrían que involucrarse para identificar las opciones que presenten a la ponderación del líder (sobre por lo menos exenciones fiscales, evasión, elusión, ISR, selectivo al consumo, ITBIS). Entre los técnicos respectivos la conciliación de los intereses creados requeriría de una discusión amplia y profunda. Pero esta sería posible siempre que los presidentes ejerzan las orientaciones y presiones necesarias. Si no es posible, entonces los técnicos presentarán sus recomendaciones basadas en sus percepciones y la teoría económica.
Por supuesto, la filtración de información sobre las recomendaciones de los técnicos sería un peligro latente. Por más discretos que fueran ellos y aun si la tarea se le encomienda a solo dos o tres en cada partido, la información corre el riesgo de colarse y eso podría desatar reclamos y quejas, ante los presidentes, de sectores con posibilidad de ser afectados. Eso traería crispación del ambiente político y presionaría a los presidentes para abandonar su compromiso con la tarea del Pacto. En consecuencia, las deliberaciones internas de los técnicos de los partidos deberán ser secretas y las recomendaciones identificarían por lo menos dos opciones para cada renglón presupuestario.
Una recomendación cardinal de este opinador es que la aplicación de las medidas se haga de manera gradual con un horizonte de 4 años a partir de la inauguración de la nueva administración (en agosto 2028). Debe tambien preverse que el nuevo gobierno debe tener menos restricciones previstas en relación con el gasto y que la inflexibilidad se reserve para las cargas tributarias. Los técnicos involucrados podrían tambien hacer sus recomendaciones al respecto.
Luego serían los tres presidentes los que, ya sea por reunión secreta entre ellos o a través de interpósita persona, escogerían la opción que finalmente figuraría en el diseño final del Pacto. El muñeco final, compuesto por lo acordado en cada renglón, se daría a conocer al pais públicamente en una de dos opciones: en una se podrá anunciar el mamotreto en una fecha cercana a febrero del próximo año, cuando las precampañas de los precandidatos están pautadas para comenzar. Eso exoneraría a los precandidatos de hacer propuestas impositivas en su proselitismo, lo cual haría del debate público más sobrio y concreto. La segunda opción es comprometerse a revelar el diseño final del Pacto inmediatamente después de que se haya elegido un nuevo presidente (en mayo del 2028). En todo caso, los presidentes decidirán cualquier otro camino alternativo.
Esta última opción implica que el nuevo gobierno tendría el apoyo de casi toda la clase política para comenzar su gestión aplicando las medidas tributarias previstas. La enjundia política de los tres presidentes promete el Pacto Fiscal más conveniente para los intereses nacionales y los pataleos, en consecuencia, tendrían que ahogarse en la desidia de los partidos. Tal proceder equivaldría a un acuerdo de defensa mutua entre los partidos y cualquier ataque de los grupos gremiales o sociales tendrá que estrellarse ante la unidad casi monolítica de la clase política.
La concertación presidencial sugerida aquí, por supuesto, no tendría precedente y posiblemente sea difícil de imaginar por parte de los tres presidentes. Pero en otros países se hacen acuerdos políticos que enrumban la cosa pública por senderos deseables y ya es hora de que aquí asumamos este tipo de reto. El reto no es solo de patriotismo sino tambien de pragmatismo político. Lo que el “costo político” no le permitiría hacer a un solo partido lo pueden hacer los tres presidentes. Esa coalición presidencial consolidaría nuestra gobernabilidad democrática. No podemos seguir manejando los déficits fiscales con endeudamiento ni podemos seguir tolerando un gasto público parcialmente frívolo ni onerosos déficits fiscales.
