El Ministerio Público ha incorporado a la solicitud de medida de coerción la evidencia fílmica del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 que documenta el desarrollo de los hechos y la presunta manipulación de la escena, por parte de los agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en la muerte de cinco personas en el sector La Barranquita de Santiago, el pasado 10 de septiembre.
Los videos muestran que, aproximadamente a las 2:21 p. m. del 10 de septiembre de 2025, los imputados se ubicaron en sus vehículos en la Avenida Olímpica, en posición de espera. Entre las 2:22 p. m. y las 2:26 p. m., las cinco víctimas llegaron e ingresaron al parqueo de la plaza. Los imputados inmediatamente avanzaron, salieron de sus vehículos y dispararon contra las víctimas sin mediar palabra.
En los videos se registra la reunión de los once policías en una base antes de la acción.
Tras la acción en que murieron los cinco hombres, los agentes fueron captados sustrayendo DVR de los negocios adyacentes y tomando varios teléfonos celulares de personas presentes en el lugar. “Esto con el objetivo de eliminar las grabaciones que contradecían su versión de los hechos”. Específicamente, se registra que varios agentes entraron al negocio Tecnopolis y se llevaron el DVR del local.
La evidencia fílmica del 911 constituye la prueba principal de la Fiscalía y contradice la versión inicial de un “enfrentamiento armado legítimo” y, en su lugar, documenta la ejecución de las cinco víctimas y las acciones posteriores de los agentes para manipular la escena del crimen.
El órgano acusador solicitó que el caso sea declarado complejo y 18 meses de prisión contra el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, el cabo Yohandy Encarnación, el cabo Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, el cabo César Augusto Martínez Trinidad, el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, y el raso José Octavio Jiménez Peña.
La solicitud de medida de coerción contra los agentes fue aplazada para el próximo jueves 9 de octubre a las 9:00 de la mañana.
