Santo Domingo.– A medida que se acerca la fecha prevista para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, diversos especialistas en derecho y representantes del Gobierno consideran que la legislación debe comenzar a aplicarse según el calendario establecido, al entender que el país requiere una normativa adaptada a las realidades actuales.
Los juristas sostienen que la puesta en marcha del nuevo marco legal representa un avance para el sistema de justicia, debido a que incorpora figuras delictivas que no estaban contempladas en la legislación vigente y fortalece las herramientas para perseguir conductas criminales surgidas en las últimas décadas.
Asimismo, señalaron que la existencia de cuestionamientos sobre algunos artículos no constituye un motivo suficiente para detener la entrada en vigor de toda la norma. Explicaron que el ordenamiento jurídico dominicano dispone de mecanismos para que cualquier disposición pueda ser revisada posteriormente por el Tribunal Constitucional, en caso de que se presenten recursos de inconstitucionalidad.
Desde el Gobierno también se ha respaldado la implementación del Código en la fecha prevista, al considerar que prolongar su entrada en vigor mantendría al país bajo un régimen penal con más de un siglo de antigüedad, el cual no responde plenamente a los desafíos actuales en materia de criminalidad.
El debate sobre el contenido de la reforma continúa abierto entre distintos sectores de la sociedad, algunos de los cuales han planteado observaciones a disposiciones específicas. Sin embargo, quienes favorecen su aplicación sostienen que esos aspectos pueden ser objeto de revisión mediante los procedimientos constitucionales correspondientes, sin afectar la entrada en vigor del resto de la ley.
El nuevo Código Penal está llamado a sustituir la legislación que ha regido en República Dominicana desde finales del siglo XIX, como parte de una de las reformas jurídicas más relevantes impulsadas en los últimos años.
