El Defensor del Pueblo propuso la creación de una Mesa Técnica Nacional de Responsabilidad Civil por Daños a Infraestructura de Servicios Esenciales, con el objetivo de implementar un expediente obligatorio de reclamación y cobro para los vehículos que provoquen destrozos en las vías públicas del país.
La iniciativa surge en respaldo al editorial de Listín Diario titulado “La pandemia vial que nos azota”, el cual expone las severas pérdidas que causan los choques a las redes de transmisión de las empresas distribuidoras de electricidad y al mobiliario urbano.
En una carta dirigida a Miguel Franjul, director de ese rotativo, el Defensor argumenta que “Listín Diario ha colocado sobre la mesa un tema que merece una respuesta de Estado”.
Por ello, plantean un protocolo interinstitucional para que todo siniestro que afecte postes, transformadores, semáforos, luminarias, barandas o puentes active un proceso inmediato de reclamación, conciliación, transacción y recobro.
Ruta legal y entidades convocadas
El organismo informó que remitirá la propuesta formal a la Superintendencia de Seguros para que asuma el liderazgo y convoque a las entidades correspondientes, amparada en las facultades de supervisión y regulación que le otorgan los artículos 235, 237 y 238 de la Ley 146-02.
El proyecto integrará además al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ministerio Público, las distribuidoras de electricidad, la Superintendencia de Electricidad, los ayuntamientos y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).
¿Cómo funcionará el cobro?
El procedimiento iniciará con el levantamiento obligatorio del acta por parte de la Digesett y la identificación del conductor y propietario del vehículo.
Tras revisar las credenciales y pólizas, se procederá a exigir el pago del daño a la aseguradora. En los casos donde no exista póliza vigente o esta resulte insuficiente, se activará un proceso de recobro directo contra el patrimonio del responsable civil, sin perjuicio de las sanciones judiciales correspondientes.
La medida coincide con los planteamientos de diversos gremios y sindicalistas orientados a estructurar un Frente Nacional para frenar los siniestros en las carreteras dominicanas.
Para la maquetación en Mundo21, es fundamental aislar los datos del Observatorio de Seguridad Vial (Opsevi) en un bloque independiente para garantizar una lectura limpia y de alto impacto:
Cifras rojas del tránsito en 2026
El más reciente boletín del Opsevi revela que en lo que va del año 2026 ya se contabilizan 1,019 personas fallecidas por siniestros viales en el territorio nacional. El mapa de calor estadístico señala las provincias con mayor mortalidad.
Así, el Gran Santo Domingo registro 116 fallecidos; San Cristóbal, 100; La Altagracia, 85; Santiago, 82; Distrito Nacional, 60; La Vega, 59, y Puerto Plata, 43.
