Los abogados de los agentes policiales acusados de ejecutar a cinco personas en el sector La Barranquita, en Santiago, aseguraron este viernes que el Ministerio Público no podrá sustentar las imputaciones presentadas en la solicitud de medidas de coerción.
Ambiorix Arnold, representante legal de varios de los procesados, afirmó que las autoridades no han podido «individualizar» a sus defendidos ni establecer con precisión los cargos que se les atribuyen.
De su lado, el abogado Bunel Ramírez defendió al segundo teniente de la Policía Nacional, Domingo de los Santos Vargas, alegando que este «no utiliza arma de fuego».
Mostró a la prensa una copia de un documento institucional que, según dijo, certifica su afirmación.
Al ser cuestionado sobre la participación de su cliente en el operativo sin portar arma, respondió que es la propia Policía, es la que debe explicar esa situación.
En tanto, Carlos Villanueva, también abogado de varios de los imputados, criticó la presencia del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, en el tribunal, a quien acusó de «populismo penal» y de aprovechar cada escenario judicial para «exponerse públicamente».
La solicitud de medida de coerción a los policías señalados por la masacre de La Barranquita será conocida el jueves 9 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana.
El hecho
Los cinco hombres fueron ultimados el día 10 de septiembre en el estacionamiento de un edificio en La Barranquita. La Policía dijo inicialmente que eran miembros de una red criminal, versión que niegan familiares de dos de los fallecidos.
La investigación sobre el hecho la encabeza Camacho y la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu.
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso complejo.
