Laura sale temprano hacia su trabajo. Antes de arrancar su carro recibe la misma recomendación de su padre que escucha desde hace años.
—Laura, no bajes los vidrios por nada. No compres nada en los semáforos. No te pongas a hablar con nadie en la calle. Aunque tengas la razón, aunque tengas el paso, aunque el semáforo esté a tu favor, dale paso a los guagüeros, a los motoristas y a cualquiera que quiera meterse a la mala. No compitas con ellos. No trates de aplicar lógica donde nadie está respetando reglas. Cuando vayas a doblar, no es suficiente con poner la direccional y mirar una vez. Mira el retrovisor dos veces y tres veces más. Porque puede venir un motor por donde no debe, sin luz, sin casco, sin espejo y sin la menor intención de frenar. Y si un limpiavidrios se te pega al cristal para intimidarte, no te pongas nerviosa. No le hagas señas. No discutas. No bajes el vidrio. Ni siquiera le des la oportunidad de ver miedo en tu cara. Mantente tranquila, mira al frente y sigue cuando puedas.
Laura escuchaba todo eso en silencio. Estos no son consejos exagerados. Son instrucciones básicas de supervivencia urbana en Santo Domingo.
Esa mañana estaba detenida en un semáforo esperando que cambiara la luz. Música baja. Pensando en la reunión que tendría más tarde. De la nada apareció un motorista descendiendo a toda velocidad por la avenida Italia. Sin casco. Sin protección visible. Sin ninguna de las condiciones mínimas que cualquiera esperaría encontrar en una vía del siglo XXI. Perdió el control, cayó, se arrastró por la calle y terminó impactando de lleno el vehículo de Laura, que permanecía completamente detenido en el semáforo.
Ella se quedó paralizada. No entendía qué había ocurrido. Entonces llegó lo peor. El hombre se levantó y comenzó a gritar. Que tenía que pagarle. Que le buscara dinero. Que bajara el vidrio. Que abriera la puerta. Que lo dejara montar para ir juntos a un cajero. Que le resolviera o sería peor.
Laura sintió el miedo que sienten miles de personas cuando descubren que tener la razón y sentirse seguro son dos cosas completamente distintas en República Dominicana.
Con el motor atravesado delante de su carro y esa persona exigiendo dinero de forma agresiva, lo único que pensó en hacer fue subir totalmente los vidrios y llamar a su padre. Mientras tanto, los demás vehículos seguían avanzando. La gente miraba unos segundos y continuaba. Algunos aceleraban para irse rápido de ahí. Nadie quería problemas. Nadie quería involucrarse. Y eso fue precisamente lo que más la impactó. No el accidente. No los gritos. No la presión. Sino la naturalidad con la que todo el mundo parecía asumir que aquello era simplemente otro episodio normal de la ciudad de Santo Domingo.
Porque esa es quizás la enfermedad social más peligrosa que enfrentamos actualmente. No la violación de las normas, sino la costumbre de convivir con ellas. Los sociólogos llaman a esto normalización de la desviación, que no es otra cosa que la aceptación progresiva de conductas incorrectas hasta que dejan de parecer incorrectas.
El primer motorista que cruzó un semáforo en rojo parecía una excepción. El primer vehículo pesado que ignoró las restricciones parecía una excepción. La primera acera ocupada parecía temporal. La primera edificación sobrecargada sin supervisión parecía un caso aislado. El primer parqueador que se adueñó de una calle parecía algo menor. El primer limpiavidrios agresivo parecía una molestia pasajera. El primer motorista que entró a un túnel por donde jamás debió circular parecía un hecho aislado. La primera voladora cortando carriles sin ninguna luz trasera funcional mientras cazaba pasajeros parecía un exceso individual.
Y es que las sociedades no se deterioran por grandes rupturas. Se deterioran por miles de pequeñas tolerancias acumuladas, hasta que un día dejamos de verlas. Y cuando dejamos de verlas, dejamos de corregirlas.
Lo más preocupante es que ya no reaccionamos ante situaciones que hace apenas algunos años hubiesen generado alarma nacional. Hoy un conflicto en plena vía pública puede durar diez, quince o veinte minutos mientras decenas de personas simplemente observan desde lejos o deciden irse para evitar problemas. Porque todos saben que el riesgo ya no es solamente el accidente. El riesgo es la violenta reacción posterior.
La sensación de impunidad total resulta profundamente desmoralizante.
Y peor aún, existe el temor constante de que, si alguien no obtiene el dinero que exige en medio del conflicto, termine descargando su frustración rompiendo un vidrio, persiguiendo en grupo a otra persona, golpeando un vehículo o incluso provocando una agresión física cuyas consecuencias pueden terminar siendo irreparables.
Y poco a poco la ciudadanía aprende a adaptarse a esta barbarie cotidiana. Aprende a no confiar plenamente en el procedimiento que debería protegerla: reportar el caso, acudir al seguro, esperar a la autoridad competente y dejar que la ley actúe. En cambio, aprende a manejarse dentro de una realidad donde muchas veces el otro no tiene licencia, no tiene seguro, no tiene placa visible, no tiene papeles y tampoco parece tener consecuencias.
Aprende a evitar confrontaciones por miedo. Aprende a ceder aunque tenga el derecho. Aprende a callar. Aprende a mirar hacia otro lado.
Y eso también tiene consecuencias institucionales profundas, porque el problema nunca es solamente el acto individual. El problema es aquello que una sociedad termina tolerando después de verlo repetirse mil veces sin consecuencias.
La República Dominicana registra una de las tasas de mortalidad vial más altas de la región. Y cuando se quiere resolver un problema serio, lo primero es conocerlo, medirlo e identificar dónde está su mayor concentración. En este caso, el dato no es ambiguo ni menor. Más del 70 % de los fallecidos en accidentes de tránsito están vinculados a motocicletas, según estadísticas oficiales recientes. Ese número es abrumador.
Por tanto, no estamos ante una sospecha ni ante una percepción ciudadana. Estamos ante un problema claramente identificado. Y cuando un problema está identificado con tanta contundencia, seguir actuando como si no supiéramos por dónde empezar también se convierte en una peligrosa forma de evasión institucional.
Por eso debemos entender que el verdadero problema ya no es solamente vial. Es sanitario. Es económico. Es institucional. Es cultural.
Estamos hablando de miles de personas fallecidas, pero también de miles que sobreviven con lesiones permanentes, amputaciones, daños neurológicos y discapacidades que pueden cambiar completamente su vida productiva y familiar. Y todos sabemos algo que pocas veces queremos decir de frente. La República Dominicana todavía no está preparada estructuralmente para manejar adecuadamente grandes volúmenes de ciudadanos con discapacidades físicas permanentes. Desde las aceras hasta el transporte, desde los empleos hasta la movilidad, desde los seguros hasta las oportunidades laborales, cada accidente grave no impacta solamente a una víctima. Impacta una familia completa, un sistema hospitalario completo y una economía completa.
Hospitales traumatológicos reciben diariamente una presión enorme y creciente producto de accidentes de tránsito, particularmente relacionados con motocicletas. Lo que comenzó hace años como un problema crónico de desorden vial ya se convirtió en un problema sostenido de salud pública. Y lo más alarmante es la parte cultural. Justamente nuestras semanas históricamente más violentas y con más accidentes son aquellas donde debería existir más prudencia, más unión familiar y más conciencia colectiva, como Semana Santa y Navidad. Yo particularmente ya ni me muevo de mi casa en esos días.
Eso revela un problema cultural profundo. Porque una sociedad saludable no puede normalizar que sus períodos de celebración colectiva se conviertan sistemáticamente en temporadas masivas de muertes, alcohol, violencia y tragedias viales. Por eso ya no es suficiente con campañas publicitarias, operativos temporales o fiscalizaciones casi simbólicas. Hay que asumir esto con lógica de Estado.
Si ya identificamos cuál es la principal fuente estadística de mortalidad vial, entonces la prioridad debe comenzar exactamente ahí. Con enfoque, con datos y con consecuencias reales. Este no es un escrito contra un sector social específico. Tampoco es un intento de criminalizar la pobreza ni de agradar posiciones conservadoras o progresistas. Se trata de defender algo mucho más básico y mucho más importante. El derecho de todos los ciudadanos —incluyendo los propios motoristas— a vivir en un país donde las reglas mínimas existan para proteger vidas.
Ningún país puede funcionar cuando una parte significativa de su sistema de movilidad opera prácticamente fuera del rigor mínimo de la ley. Un vehículo de motor no es un juguete ni un derecho absoluto sin condiciones. Es una máquina con capacidad real de mutilar, matar o destruir vidas en segundos. Y por eso el rigor legal tiene que ser proporcional al daño potencial que puede causar.
No debería existir una sola motocicleta circulando sin placa visible, sin seguro, sin licencia, sin luces funcionales, sin espejos o sin direccionales. Y si una persona pierde el derecho a conducir mediante un sistema de puntos o reincidencia grave, entonces debe asumir consecuencias reales, incluyendo restricciones penales si continúa circulando ilegalmente. Las licencias no pueden ser eternas ni las multas opcionales de pagar, porque llega un momento donde ya no estamos hablando de una falta administrativa. Estamos hablando de seguridad pública.
Cada vez que se plantea endurecer sanciones aparece el mismo argumento de que las multas son muy altas. Pero la verdadera pregunta debería ser otra. ¿Altas comparadas con qué? ¿Con el daño potencial que puede causar un vehículo? ¿Con el costo de una amputación? ¿Con el costo emocional de una muerte? ¿Con el gasto hospitalario que genera un accidente grave? ¿Con los millones que termina absorbiendo el sistema de salud? ¿O comparadas con otros países de la región?
Porque en términos relativos, las multas dominicanas parecen extremadamente bajas frente al impacto real del riesgo que buscan prevenir. Y cuando una sanción no modifica conducta, deja de ser una consecuencia real y se convierte simplemente en un pequeño costo operativo del desorden.
Peor aún, nuestro sistema permite acumulaciones absurdas de infracciones sin consecuencias verdaderamente transformadoras. Hay conductores con decenas de multas acumuladas que continúan renovando documentos, conduciendo normalmente y reincidiendo como si nada hubiese ocurrido. Eso no corrige la conducta. Eso normaliza reincidencia.
Los sistemas más efectivos del mundo funcionan distinto. Incorporan sistemas de puntos, suspensiones, cancelaciones definitivas de licencias, retención de vehículos y restricciones progresivas. Porque llega un momento donde el reincidente deja de ser solamente un infractor administrativo y se convierte en un peligro público cuya consecuencia ya debería ser de orden penal.
No podemos seguir tratando un problema estructural de seguridad nacional como si fuera únicamente un asunto administrativo menor de tránsito. Los problemas complejos no se resuelven ignorando los datos. Se resuelven concentrando los recursos donde las estadísticas demuestran que está el riesgo. Y en materia de tránsito, los datos hace muchísimo tiempo dejaron de susurrarnos. Hace años que nos vienen gritando al oído.
Porque al final del día esto no trata solamente de motores, multas o semáforos. Trata de la forma en que decidimos convivir como dominicanos. Trata del país que estamos construyendo para nuestros hijos. Del miedo silencioso con el que muchas personas salen cada mañana a trabajar. De la madre que espera que su hijo llegue vivo. Del padre que le enseña a su hija no a confiar ciegamente en el entorno, sino a sobrevivirle al desorden normalizado.
Y eso debería dolernos profundamente, porque ningún dominicano debería sentirse vulnerable, indefenso o abandonado en las calles de su propio país.
Pero todavía estamos a tiempo de corregir muchas cosas. Primero tenemos que dejar de llamar normal a aquello que hace años debió alarmarnos. Si un enjambre de motores cruza un semáforo en rojo delante de todos —y peor aún, delante del propio agente cuya función es impedirlo— y aun así nadie reacciona, entonces el problema ya no es solamente vial. Es institucional, cultural y moral.
Las sociedades no comienzan a romperse únicamente cuando fracasan sus instituciones. También comienzan a romperse cuando la gente buena aprende a convivir con el miedo, se acostumbra al desorden y termina creyendo que sobrevivir en medio del desorden es simplemente parte natural de la vida.
