Varias de las víctimas de una estafa inmobiliaria exigieron a la Procuraduría General de la República agilizar el proceso de extradición de la presunta líder del esquema de fraude en la venta de exclusivos proyectos de apartamentos en La Romana desmantelado hace dos años.
El grupo de afectados que se presentó a la sede del Ministerio Público estuvo liderado por Ruth Pérez, quien se quejó del «duro golpe» a los que invirtieron sus ahorros de toda la vida, muchos de ellos ancianos, y cuyo proceso judicial «tan largo», los tiene agotados.
El caso, bautizado como Operación Guepardo por el órgano acusador, se dio a conocer en febrero del 2025 con el apresamiento de los primeros de los 10 imputados.
La presunta red habría utilizado las empresas Novasco Real Estate S.R.L., a través de plataformas como RE/MAX ONE RD para ganar credibilidad. Entre los proyectos ofrecidos figuran «La Romana Victoriana Residences» y «Bávaro Victoriana Residences», los cuales nunca se materializaron.
Los fiscales a cargo de la investigación presentaron la acusación en abril de este 2026, pero todavía no ha empezado a dársele lectura en el tribunal que conoce el juicio preliminar.
El fraude asciende a más de 18 millones de dólares y 214 millones de pesos y a quien se señala de encabezar la alegada red, Loany Lismeiry Ortiz Nova, viajó a Colombia a final del 2024, en donde fue capturada en febrero del 2025 y casi dos años después todavía no se ha producido su extradición.
A Colombia también huyó la venezolana Keylis Sarahi Belfon Arismendi, otra de las implicadas, detenida en ese país en noviembre del pasado año.
«Le dieron un duro golpe a la sociedad dominicana, la clase media, ahorrando el dinerito, todo el dinero de vida de muchos ancianos, todos los ahorros de vida de los muchachos buenos productivos que no están en las calles, que ahorran el último centavo para tener su propiedad, todo esto está en manos de estafadores», se quejó Pérez.
Según la abogada Carolina Núñez, quien representa a 136 víctimas de las 426, la mayoría son personas que sobrepasan los 60 años. En cuanto a la imputada Loany Lismeiry Ortiz Nova sostuvo que esta ha recurrido a «artificios legales» en Colombia para buscar la protección de las autoridades de ese país.
Ruth Pérez asiste a las diligencias judiciales de su hijo, quien es una de las víctimas y quien invirtió «todo el fruto de su trabajo» para adquirir un apartamento.
«De los pocos jóvenes que ahorra para tener un apartamento, sin salir, ese muchacho trabajando 24/7. Todos los ahorros de toda su vida fueron puestos en Novasco a través de RE/MAX y RE/MAX One«, subrayó.
Entre las personas afectadas con la estafa que acudieron a la sede de la Procuraduría General, en el Centro de los Héroes, figuran también Carmen Adelaida Santana, Aridio Enrique Novas, Jeannina Hernández, Denia del Rosario, Olga Juliette Jaramillo y Juan Rafael Estévez
A su salida de la Procuraduría General, la abogada Núñez dijo que llevaron una comunicación a Yeni Bernice Reynoso para que «agilice y tramite la pronta extradición» de Loani Ortiz Nova.
Además de Ortiz Nova y Belfon Arismendi, están acusados Samayra del Rosario Barreto, hija del conocido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
Recomendaciones para evitar estafa
Carolina Núñez y Onasis Rodríguez Piantini, especialistas en derecho civil e inmobiliario, recomendaron a las personas que tengan el interés de comprar un inmueble (terreno, casa o apartamento) a investigar antes el estado jurídico de ese bien, solicitando las certificaciones correspondientes en la Jurisdicción Inmobiliaria con las referencias de la propiedad.
Si son proyectos de construcciones, cerciorarse bien sobre el registro societario, la solvencia y experiencia de la empresa desarrolladora, dice Núñez.
Rodríguez Piantini sugiere que para comprar un terreno hay que contratar un agrimensor para que ese profesional determine si ciertamente ese inmueble corresponde a la parcela o a la designación catastral que está envuelta en el negocio.
Ambos especialistas coinciden en recomendar que se solicite al momento de hacer el negocio un estado jurídico en la Jurisdicción Inmobiliaria para verificar la vigencia y la existencia del derecho de propiedad, si la persona que vende es el titular y que la propiedad existe en el registro de título.
Asimismo, Rodríguez Piantini agrega que otro paso es también gestionar una certificación con reserva de prioridad para que ese inmueble que se procura comprar no sea afectado por otra operación jurídica.
