La jueza suplente del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, declaró inadmisible la acusación presentada por el Ministerio Público contra Ana Linda Fernández de Paola y Emir Fernández de Paola, quienes estaban vinculados al denominado caso Calamar y habían sido separados del proceso seguido contra los demás imputados.
La magistrada adoptó la decisión al rechazar el planteamiento formulado por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, así como por el fiscal Miguel Collado.
De acuerdo con la decisión del tribunal, la acusación resulta inadmisible debido a la existencia de una doble persecución, lo que vulneraría el principio jurídico que impide que una persona sea sometida a un nuevo proceso por los mismos hechos.
La acusación del Ministerio Público había sido depositada el 25 de abril de 2024 y atribuía a los hermanos Fernández de Paola la presunta violación de varios artículos del Código Penal, además de disposiciones legales relativas al soborno y al lavado de activos.
El tribunal también declaró inadmisible la acusación particular presentada por Vicenso Pietro Grisolía, María Franca Grisolía y Ángela Carolina Grisolía, al considerar que se encontraba afectada por las mismas razones jurídicas.
Ana Linda: “Siempre hemos sido inocentes”
Luego de conocer la decisión, Ana Linda Fernández de Paola manifestó su satisfacción y reiteró que tanto ella como su hermano siempre han sostenido su inocencia.
“Estamos muy conformes en el hecho de que ya sabíamos lo que iba a venir, porque nosotros siempre hemos sido inocentes”, expresó.
La imputada dijo que durante el proceso ambos han sufrido por el tiempo transcurrido y consideró que la decisión adoptada por el tribunal se produjo conforme al curso que debía seguir el proceso.
Las acusaciones del Ministerio Público
En su acusación, el Ministerio Público atribuía a Ana Linda y Emir Fernández de Paola la presunta comisión de los delitos de estafa, falsificación de documentos y lavado de activos.
Según la tesis presentada por el fiscal Miguel Collado, los imputados habrían falsificado sus actas de nacimiento utilizando como base un documento que el órgano acusador considera irregular y que atribuye a su madre, Nilda de Paola Nerio.
El expediente sostiene que, mediante esa documentación, los hermanos se habrían hecho pasar por sobrinos de Alessandro de Paola Sanguivanni, propietario de una parcela ubicada en Higüey, identificada como la parcela número 4 del Distrito Catastral 10/11.
Posteriormente, esa propiedad habría sido vendida al Estado dominicano por RD$4,000 millones, operación que el Ministerio Público califica de fraudulenta y que vincula con el entramado investigado en el denominado caso Calamar.