El aumento salarial de los jueces se hizo bajo presión, resultado de una huelga; sin tomar en cuenta el desempacho en sus labores. Que tengan un buen cheque a fin de mes y se sientan holgados y bien servidos, es merecimiento de algunos de ellos. Pero no de todos, puesto que un buen número se enriquece dictando sentencias debajo de la cruz; como fiscales cobradores de artimañas.
Esa concesión ocurre en mal momento, pues la ciudadanía mira con ojeriza al poder judicial: protagonizan sentencias absurdas, sospechosas, dilaciones, procesos acomodaticios, y exclusiones incomprensibles. Además, lamentablemente, todo indica que esos desaguisados de toga negra seguirán ocurriendo y aceptándose.
Sin embargo, parece no aceptarse que las oficinas encargadas de contabilizar riquezas no se detengan con frecuencia a revisar las de miembros de la judicatura; ni les preocupe el bienestar económico conseguido con sueldos que, hasta hace unos días, el colectivo judicial consideraba escasos. Esas deficiencias están bajo la mirilla de los ciudadanos.
Ventilado en los medios de comunicación, por consiguiente de público conocimiento, es la presencia de personajes de la judicatura ejerciendo bajo serias y documentadas transgresiones. Eso irrita a los ciudadanos. La excusa oficial para no tocarlos es la ley núm. 327-98, promulgada el 11 de agosto de 1998 estableciendo la carrera judicial.
No son claras las explicaciones acerca de esa inmunidad- llamativa en una sociedad donde a cualquier ley se le busca un bajadero. Desconcierta el hecho de que ni siquiera disminuyan sus responsabilidades ni intenten neutralizarlos. Un enigma que mantiene exasperada la población.
De las quejas anteriores, surgen preguntas elementales; similares a las que gustaba hacerse Sherlock Holmes antes de resolver cualquier caso. Por ejemplo: ¿Se ocupa el Ministerio de Hacienda de investigar a funcionarios del gobierno sobre el origen de sus dineros? ¿Acaso tocan a la puerta de los jueces preguntándoles sobre el pago de sus impuestos? ¿Por qué tanta contemporización dentro del poder judicial?
Es creencia generalizada, no por eso cierta, que la DGII se conforma con las deducciones impositivas de cada cheque que reciben los jerarcas de la administración. En otras palabras: en llamándose juez, diputado, senador, ministro, general, sindico o gobernador, se puede gastar a manos llenas sin temor a ser fiscalizado.
Lucubrar sobre esa desidia recaudatoria a mucha quita el sueño. En mi caso, para remediar el insomnio, me obligo a pensar que esas fiscalizaciones existen bajo estricto secreto. Pero siendo escasas las acusaciones- parecería que son raras las riquezas injustificadas y las evasiones de impuestos por los predios judiciales-, no se apartan de mi cabeza las mismas preguntas, dificultándome dormir.
Ante la ausencia de respuestas convincentes, quienes respetan y cumplen con la DGII se mantienen perturbados. A primera vista esa perenne interrogante parecería no existir; no se toma selfis ni circular por redes sociales. Esa cautela es entendible: ningún ciudadano se arriesga a estar en malas con recaudadores del Estado.
Nadie duda de la probada eficiencia y honestidad del organismo encargado de revisar nuestras cuentas. Aun así, al percibirse apatía y selectividad frente a la holgura económica de ciertos funcionarios, se provoca desconfianza.
Volviendo al aumento salariar de los jueces, puedo concluir que fue una concesión forzada; en momentos en que la población esta disgustada con ellos, y con el Estado por su incapacidad de pedirles cuenta. En resumen: atestiguamos a quienes tienen como deber evitar la impunidad beneficiarse de ella.