El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, arremetió este miércoles contra el proceso judicial en su contra, denunciando que el informe utilizado para cuestionar su gestión está «manipulado y dañado».
Rodríguez sugirió que dichos documentos provienen de instituciones que carecen de crédito y que forman parte de una estrategia de persecución política.
El exfuncionario afirmó que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha documentado el uso indebido de fondos federales con el fin de atacar a la oposición en la República Dominicana.
«No lo digo yo, ya lo hizo oficial el gobierno americano: mal utilizaron esos fondos para atacar a la oposición. ¿Por qué no hablan de los otros casos de presunta corrupción en este gobierno? «Hacen silencio», cuestionó.
Patrimonio y origen lícito
Respecto a los señalamientos sobre sus bienes, Rodríguez sostuvo que ya se demostró ante un juez, mediante peritajes técnicos, que sus bienes tienen un origen lícito.
Ya probamos que todo el patrimonio era lícito. La ciudadanía merece una respuesta ante tantas calumnias», acotó.
Críticas a la «acusación elefantiásica»
El exprocurador calificó como una «infamia» la versión de que su defensa técnica es la responsable de dilatar el proceso.
Explicó que el juicio no ha iniciado formalmente, a pesar de que el caso data de agosto de 2020, debido a deficiencias del propio Ministerio Público (MP).
Denunció que los fiscales a cargo fueron sus subordinados y mantienen una «enemistad pública declarada» con él, lo que considera causa de nulidad.
Criticó la acusación «elefantiásica» de más de 12,000 páginas y 666,000 archivos, que incluía discos duros defectuosos que el juez mandó a devolver.
Aseguró que se le impidió el acceso a pruebas digitales durante su reclusión, teniendo que esperar seis meses por una autorización judicial para usar una computadora.
«Miedo a la ley»
Rodríguez sostuvo que los constantes reenvíos de las audiencias no han sido solicitados por su defensa, sino que son resultado de las solicitudes de fusión de expedientes del órgano persecutor.
Criticó que el Ministerio Público se tomara dos años para una investigación que legalmente debía durar tres meses, dejando vencer prórrogas procesales.
«El Ministerio Público tiene que adaptarse a la ley y no los jueces al Ministerio Público”, adujo el exprocurador.
