El pasado 9 de septiembre, el Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana anunció que el país inició conversaciones con los Estados Unidos sobre la agenda arancelaria bilateral.
El diálogo estuvo encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de los Estados Unidos (Deputy USTR), y la embajadora Julie Callahan es la jefa negociadora agrícola de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
En ese encuentro, los Estados Unidos solicitaron al gobierno dominicano derogar el decreto 693-24 del 17 de diciembre del año 2024, que aplica aranceles a la importación de arroz.
“Los embajadores señalaron la oportunidad de fortalecer la relación económica bilateral entre nuestros países y destacaron la importancia de la derogación del Decreto 693-24 por parte del presidente Abinader para cumplir con las obligaciones de acceso al mercado de la República Dominicana en el marco del CAFTA-DR con respecto al acceso para el arroz de EE.UU.”, escribió en la cuenta de X la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos.
En los considerandos de estos decretos, el Gobierno especificaba que el decreto se emitía porque la República Dominicana debe preservar su capacidad productiva interna, a fin de garantizar el abastecimiento constante y seguro de alimentos para su población.
Además, la afectación de la producción nacional de arroz impacta intereses esenciales del Estado dominicano, por lo que representa este producto en la estabilidad social y económica del país, particularmente en las veintiún provincias dedicadas a este cultivo.
Además de que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) emitió un informe, adoptó la Resolución núm. 07-2024, del 6 de diciembre de 2024, “mediante la cual recomienda al presidente de la República la adopción de medidas especiales en favor de la soberanía y seguridad alimentaria del país, en lo que respecta al arroz como producto sensible”.
En el decreto, el gobierno impone un 20% si el arroz importado está dentro de la cuota autorizada y, si la cuota ya se agota y se importa arroz adicional fuera de la cantidad permitida, el impuesto sube a un 99% sobre el valor del producto.
