El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la acción de inconstitucionalidad que buscaba obligar al Gobierno a actualizar por inflación el monto a partir del cual los trabajadores comienzan a pagar Impuesto sobre la Renta (ISR), mecanismo que, según los demandantes, evitaría que miles de asalariados con ingresos relativamente bajos queden sujetos al tributo.
El recurso fue depositado en enero de 2025, pero la alta corte esperó cerca de un año y medio para fallar, cuando el Presupuesto General del Estado de 2025 ya se había ejecutado por completo. Posteriormente, rechazó la acción por esa misma razón, al entender que carecía de objeto pronunciarse sobre una ley que ya había perdido vigencia. El fallo fue aprobado el 16 de julio de 2026.
En la sentencia TC/0557/26, el tribunal concluyó que el artículo 45 de la Ley 80-24, que aprobó el Presupuesto General del Estado para 2025, dejó de producir efectos al entrar en vigor el presupuesto del año siguiente, por lo que carecía de sentido pronunciarse sobre su constitucionalidad.
Ese criterio, sin embargo, dividió a los jueces del Tribunal.
La magistrada Alba Luisa Beard Marcos votó en contra de la decisión al considerar que el TC debió examinar el fondo del caso por tratarse de una controversia de interés público y de una práctica que se repite cada año mediante las leyes de presupuesto. A su juicio, el tribunal no debía abstenerse de decidir únicamente porque la norma perdió vigencia durante la tramitación del proceso.
En un voto salvado, el magistrado Amaury A. Reyes Torres coincidió con la decisión por respeto al precedente vigente, pero propuso que el TC reconsidere ese criterio debido a que las disposiciones de vigencia temporal, como las contenidas en las leyes anuales de presupuesto, podrían escapar de manera sistemática al control constitucional, al perder vigencia antes de que el tribunal emita una decisión.
La decisión también marca un precedente para otra acción de inconstitucionalidad similar, interpuesta por senadores y diputados de oposición contra la suspensión de la indexación del ISR en el Presupuesto General del Estado de 2026, la cual permanece pendiente de fallo.
Efectos prácticos
Actualmente, los trabajadores con ingresos mensuales superiores a 34,685 pesos comienzan a pagar Impuesto sobre la Renta (ISR), umbral que permaneció congelado durante varios años pese a la inflación.
Esa situación mejoró parcialmente con la recientemente aprobada Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, que elevó el salario exento de ISR a más de 40,000 pesos mensuales a partir de enero de 2027.
Los artículos 296 y 327 del Código Tributario establecen que los montos a partir de los cuales las personas físicas comienzan a pagar el impuesto deben actualizarse cada año de acuerdo con la inflación, con el fin de evitar que el aumento general de los precios termine incrementando la carga tributaria de los trabajadores sin que haya mejorado realmente su poder adquisitivo.
Sin embargo, desde 2017 las leyes anuales de presupuesto suspendían esa indexación. Como consecuencia, el umbral para comenzar a pagar ISR permaneció congelado durante casi una década, lo que provocó que cada vez más asalariados quedaran sujetos al impuesto a medida que sus ingresos nominales aumentaban por efecto de la inflación.
Los argumentos de la demanda
La acción de inconstitucionalidad había sido presentada por la asociación sin fines de lucro Vox Libertaria contra el artículo 45 de la Ley 80-24, que dejó sin efecto para 2025 el ajuste por inflación de los tramos de la escala del ISR previsto en los artículos 296 y 327 del Código Tributario.
Los accionantes alegaban que esa suspensión vulneraba el derecho de propiedad, el derecho a un salario justo, la igualdad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica. También solicitaron al TC conocer el fondo del asunto aun cuando la ley perdiera vigencia, al argumentar que la suspensión de la indexación constituía una práctica recurrente que se repetía cada año mediante las leyes de presupuesto.
El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo otra acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por un grupo de senadores y diputados de oposición contra el artículo 61 de la Ley 99-25, que aprobó el Presupuesto General del Estado para 2026 y mantuvo la suspensión del ajuste por inflación de la escala del ISR.
