El juicio de fondo que se sigue contra los implicados en el denominado caso Calamar se centra en las solicitudes de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo.
Los primeros en formalizar esta solicitud ante las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fueron los abogados de Ángel Lockward, doctores Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes alegaron que el proceso judicial en contra de su representado ha superado el límite máximo de cuatro años establecido por la normativa vigente.
La defensa argumentó que las medidas de inmovilización de fondos impuestas a Lockward desde febrero de 2022 continúan vigentes, acumulando más de cuatro años y ocho meses de afectación procesal sin que se haya producido una resolución definitiva en el caso.
De acuerdo con los abogados, el marco legal impone al tribunal la obligación de declarar la extinción del proceso incluso de oficio si se comprueba el cumplimiento del plazo máximo fijado por la ley.
«El Código no deja espacio interpretativo al juez. La única causa eximente para no declarar la extinción es cuando el imputado ha provocado aplazamientos mediante tácticas dilatorias contenidas en una resolución judicial, situación que no aplica en este caso», señaló Rondón.
Los defensores destacaron además que, en la fase de audiencia preliminar, la jueza actuante dejó constancia en su resolución de que ni Lockward ni las demás partes involucradas incurrieron en dilaciones de carácter temerario o injustificado.
Tribunal limita a 15 minutos las exposiciones
Antes de dar paso al debate sobre los incidentes, la magistratura Ailin Ventura dispuso limitar a 15 minutos por parte las exposiciones relativas a los planteamientos de extinción de la acción penal.
Durante la audiencia, la jueza explicó que, si bien la extinción de la acción penal es una cuestión de alta relevancia tanto para el Ministerio Público como para los querellantes y las defensas técnicas, la naturaleza del pedimento no amerita exposiciones excesivamente prolongadas.
La medida, indicó, busca garantizar un manejo eficiente del tiempo y otorgar igualdad de condiciones a todas las partes para presentar sus argumentos e impugnaciones.
«A pesar de que es una cuestión crítica y de gran relevancia, plantearla no amerita tanta extensión. En base a la experiencia del tribunal, entendemos que podemos otorgar un límite de 15 minutos para cada parte», sostuvo la magistrada al momento de ordenar el debate.
Tras establecer el orden de las intervenciones, el tribunal concedió el uso de la palabra a la defensa técnica del imputado para iniciar la exposición de sus argumentos.
