El abogado Sergio Augusto Furcal fue arrestado por un período de 24 horas, en plena audiencia, por orden de la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, bajo la acusación de cometer el delito de audiencia conocida como desacato.
Tras ser desalojado de la sala por agentes de protección judicial y enviado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el expresidente del Primer Tribunal Colegiado de Santiago ofreció declaraciones a la prensa, confirmando la medida disciplinaria.
«Ella me mandó por 24 horas preso. Vamos a acatar esa decisión que dio esa jueza; yo soy un hombre y donde quiera que yo esté, asumiré mi responsabilidad. Yo acato lo que digan… lo que entiendan, lo que diga la ley», manifestó el togado mientras era conducido a la celda.
Furcal, quien cuenta con una trayectoria de 25 años en la magistratura, explicó que la fricción en el tribunal se originó cuando intentó interponer una solicitud formal para el cese de la medida de coerción que pesa sobre su representado.
Según sus palabras, la jueza Padilla se negó a permitir o escuchar debidamente dicho pedimento, mostrando una actitud de celeridad que vulnera las garantías fundamentales.
«Lo único que estamos exigiendo es que se respeten los derechos de nuestros ciudadanos. La jueza lo que quiere es abocarse a conocer la audiencia preliminar violando el debido proceso», denunció Furcal con firmeza ante los medios de comunicación.
A pesar de calificar la orden de arresto como una medida arbitraria, Furcal enfatizó que no buscará asistencia jurídica externa para dirimir este conflicto disciplinario, afirmando que asumirá su propia defensa legal durante las horas de reclusión.
«Yo me autorepresento. Yo tengo la capacidad para autorepresentarme; fui un abogado que duró 25 años siendo juez. Sé lo que tengo entre manos y no hay problema con eso», sostuvo.
Furcal asume la defensa del coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de Custodia de Armas y Municiones de la Policía Nacional.
El oficial es señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de una red criminal dedicada a la sustracción de armas, proyectiles y pertrechos de los almacenes de la institución del orden para su posterior venta a particulares y grupos delictivos, incluyendo bandas haitianas.
