El empresario José Ángel «Jochy» Gómez Canaán, principal imputado en el presunto fraude contra el Estado vinculado a la red semafórica del Gran Santo Domingo, afirmó este viernes ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el colapso del sistema no fue producto de sabotaje, sino consecuencia de errores cometidos por autoridades gubernamentales.
En su defensa material ante el estrado, presidido por la jueza Yanibet Rivas, Gómez rechazó la acusación de estafa vinculada al contrato ejecutado por la empresa Transcore, específicamente en relación con el anticipo del 20 % del monto contratado que asciende a 263 millones de pesos.
Según explicó, dichos fondos no fueron «repartidos», como sostiene la acusación, sino destinados al pago de suplidores internacionales y a la ejecución del proyecto.
El empresario indicó que la ejecución del contrato se inició en junio del 2023, mientras que los desembolsos estatales se produjeron meses después, en agosto y octubre.
Durante ese período inicial, Transcore operó mediante una línea de crédito superior a 120 millones de pesos con el Banco BDI y con préstamos provenientes de Dekolor, empresa en la que participa como socio y que también ha sido contrataba con el Estado.
A su vez, afirmó que, la gestión operativa de Aurix, otra de sus compañías con fin de iniciativa de colaboración tecnológica, fue entregada a un funcionario de la Presidencia.
Según sostuvo, la empresa funcionó en ese período como un «brazo técnico del Estado» para coordinar operativos de seguridad junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, en contraposición a los argumentos del Ministerio Público, que la describe como una estructura clandestina.
Transacciones
Respecto a las transferencias internacionales que el Ministerio Público catalogó como prueba de la estafa, Gómez Canaán explicó que correspondieron a pagos a suplidores en Estados Unidos, Canadá, Croacia, República Checa y China, entre otros países, por un monto de 6,475,000 dólares.
Destacó que la red semafórica instalada en 305 intersecciones del Gran Santo Domingo se encuentra operativa desde junio del 2023, cuestionando cómo se puede alegar estafa cuando el Estado recibió una infraestructura en funcionamiento.
Gómez indicó que la inversión total superó los 1,100 millones de pesos, muy por encima del monto recibido.
«Esto es simple matemática: 263 millones de pesos es menor a 1,100 millones. Esto es tan básico que parece un chiste», señaló, para concluir que el proceso judicial responde a que sectores del poder «querían quedarse» con lo suyo. «Y no me doblegué ni se los permití».
El empresario también señaló que colaboró activamente con la Contraloría General de la República en el proceso de auditoría, incluso asumiendo costos logísticos, con el objetivo de verificar que todos los equipos facturados estuvieran instalados o adquiridos, lo cual —según afirmó— fue confirmado por dicha entidad.
Acusaciones de terrorismo
En relación con las imputaciones por sabotaje y actos de terrorismo, Gómez Canaán cuestionó que la investigación no fuera realizada por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), sino basada en un informe del propio Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entidad que figura como querellante.
Sostuvo que la interrupción del sistema se produjo tras la desconexión de nodos de comunicación por parte de autoridades, pese a advertencias técnicas, y afirmó que ofreció colaboración para la transición del sistema, pero que esta no fue aceptada.
«Se les advirtió que no lo hicieran. Les dijimos que entregábamos todo, pero que no les pusieran la mano a algo que no sabían manejar«, indicó.
Ante las acusaciones de lavado de activos sobre Dekolor, rechazó los señalamientos indicando que la empresa ha sido auditada y que sus ingresos provienen de servicios prestados al Estado a través de estructuras fiduciarias.
Gómez destacó que el servicio de emisión de licencias fue calificado como excelente y que nunca fue interrumpido, pese a deudas acumuladas superiores a 700 millones de pesos. Aclaró que posee el 50 % de participación en la empresa y que no interviene en la firma de contratos o adendas ya que esa responsabilidad era de otras personas.
