La defensa de Donald Guerrero, principal imputado en el caso Calamar, afirmó este viernes que el Ministerio Público ha mostrado una «incapacidad» para contestar sus puntos fundamentales, lo que, a su juicio, debilita irremediablemente la acusación.
La abogada María del Pilar Zuleta explicó que la defensa se dispone a agotar la fase de contrarréplica, limitándose exclusivamente a los puntos que el órgano persecutor intentó rebatir.
Consideró que hubo temas críticos que quedaron sin respuesta por parte de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Según Zuleta, el Ministerio Público evitó referirse a ejes centrales de la defensa de Guerrero, lo que interpretan como una victoria táctica. Entre los puntos señalados destacan: casinos y juegos de azar.
Afirmó que la legalidad de los bienes de Guerrero no fue cuestionada con éxito.
Cuestionan validez de auditoría
Por otro lado, la defensa de Ángel Lockward calificó de «pasquín» e «inconstitucional» el informe de auditoría de la Contraloría que sirve de base al proceso judicial.
El abogado Nolberto Rondón reiteró la inocencia de su defendido y solicitó la exclusión inmediata del documento por considerar que carece de existencia legal y validez jurídica.
Según el jurista, el informe — fechado el 21 de septiembre de 2021 — ha sido desautorizado por diversas instancias.
«Su nulidad ya fue admitida por escrito por sus propios autores: la Contraloría, la Procuraduría General Administrativa y hasta por el propio Pepca, quienes lo definieron en su momento como un simple ‘documento de trámite'», subrayó Rondón.
La defensa argumentó que el documento presenta irregularidades insubsanables, tales como la inexistencia de la unidad emisora.
Rondón denunció un presunto fraude procesal, alegando que la unidad que supuestamente emitió el informe en 2021 no existía en esa fecha, sino que fue creada mediante decreto en julio de 2025.
Además, señaló que el documento no cuenta con la firma del contralor ni con los sellos institucionales correspondientes.
Afirmó que la investigación nunca fue comunicada a Lockward, vulnerando los artículos 69.10 y 138.2 de la Constitución sobre el derecho a la defensa y el principio de contradicción.
