SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este martes el pago de una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano al condenar a varios altos mandos militares implicados en un caso de corrupción que involucró al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La sentencia establece que los hechos atribuidos a los acusados ocasionaron daños patrimoniales, institucionales, reputacionales y morales al Estado, por lo que dispuso una compensación económica para resarcir esos perjuicios, según detalla un comunicado de prensa.
Además de la indemnización, el tribunal condenó a 20 años de prisión a los exdirectores del Cusep y Cestur, Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, junto a otros 27 imputados vinculados al proceso.
La decisión reconoce al Estado dominicano como víctima directa de los hechos de corrupción, un aspecto que el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) calificó como un precedente en materia de combate a la corrupción administrativa.
José Alberto Ortiz, miembro del ERPP, afirmó que se trata de la indemnización más alta otorgada a favor del Estado en un caso de corrupción pública y destacó que el fallo reconoce los daños causados a instituciones estatales y a la imagen del país.
«Es una sentencia histórica, manda un mensaje al país de que la corrupción no va a ser tolerada, la impunidad tampoco y poco importa la posición que usted ocupe, aunque usted sea un alto militar, un militar de alto rango, usted va a enfrentar consecuencias si incumple el mandato que la ley le da», puntualizó.
Según explicó, la sentencia reconoce perjuicios a la Presidencia de la República, al sector turístico y a la administración pública, además del impacto económico derivado de las acciones atribuidas a los condenados.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 14 de agosto.
El ERPP señaló que los recursos que eventualmente sean recuperados deberán retornar a las arcas públicas y contribuir al financiamiento de obras y servicios en beneficio de la población.
Asimismo, informó que dará seguimiento a las próximas etapas del proceso judicial, incluyendo los posibles recursos que interpongan las partes y las acciones dirigidas a ejecutar la indemnización ordenada por el tribunal.