SAN FRANCISCO DE MACORÍS. El comportamiento de la fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, ha generado cuestionamientos tras un enérgico reproche de magistrados del Tribunal Constitucional, quienes habrían señalado reiteradas violaciones al debido proceso y recordado a la funcionaria la obligación de actuar dentro de los límites establecidos por la ley.
De acuerdo con los señalamientos, los magistrados enfatizaron que el ejercicio de las funciones del Ministerio Público debe ajustarse al marco jurídico vigente, respetando las garantías fundamentales y los derechos de las personas sometidas a procedimientos judiciales.
La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de que quienes tienen la responsabilidad de perseguir los delitos actúen con apego a la Constitución, las leyes y los principios que rigen la administración de justicia, sin recurrir a actuaciones discrecionales que puedan comprometer los derechos ciudadanos.
En ese contexto, las críticas a la fiscal han estado acompañadas de cuestionamientos sobre la forma en que se han desarrollado determinados procesos bajo su responsabilidad, particularmente en lo relativo al respeto del debido proceso y las garantías de las personas involucradas.
El episodio también plantea una reflexión sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales, quienes, por la naturaleza de sus cargos, están llamados a garantizar el cumplimiento de la ley y no a colocarse por encima de ella.