De acuerdo al Ministerio Público, la persona a la que el fiscal Aurelio Valdez Alcántara le exigió 200 mil dólares “para alterar el curso de una investigación” fue Roberto Antonio Canaán, quien se desempeñaba como gerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa) durante la gestión de Santiago Hazim.
En el marco de sus funciones, de acuerdo a la medida de coerción del caso, Canaán formó parte del comité creado por Santiago Hazim supuestamente para contratar a los suplidores que más adelante pagarían sobornos por los contratos adquiridos.
En sus declaraciones a los fiscales y de acuerdo a la solicitud de medida de coerción, Canaán “describe el funcionamiento del Comité de Contrataciones Médicas, donde una asistente del director (Johanna Fernández) daba señales afirmativas para aprobar casos de interés de la dirección, confirmando que las decisiones técnicas estaban subordinadas a órdenes ejecutivas”.
Además, los fiscales indican que en su declaración identifica al círculo íntimo de Santiago Hazim (cuyos miembros usaban apodos como «El Fi», «El amplio», «La Patrona», y los vincula directamente con las empresas vinculadas a estos casos y propiedad de los implicados Eduardo Read Estrella y Cinty Acosta, como son: Flavorheart, Nutrimet, Khersun, Deleste. T
La Procuraduría General de la República explica que, con las declaraciones de Roberto Antonio Canaán, revelan la existencia de una figura de alto poder apodada «El Chilote», supuestamente «controlada» dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) o la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), “lo que demostraría la extensión de la red de influencia a los órganos reguladores del sistema. Entre otras informaciones que son de su conocimiento y de interés para el presente proceso”.
Dinero para la campaña
Otra de las declaraciones que pretende demostrar la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el testimonio del exgerente de Atención al Usuario de Senasa, de acuerdo a la solicitud de medida de coerción, es “el financiamiento ilícito de la actividad política” de Santiago Hazim.
Según la solicitud en contra de los 10 implicados hasta el momento, Canaán “confiesa haber recibido y entregado personalmente al Dr. Hazim RD$10,000,000.00 en efectivo, aportados por Osman Andrés, hijo del dueño del Centro Médico ELOHIM (prestador de SeNaSa), para su campaña política en 2024”.
“Este hecho constituye un acto claro de concusión y tráfico de influencias, donde un prestador compraba favorabilidad mediante aportes a la campaña del director de la institución que lo contrataba”, dice la solicitud.
De acuerdo a las informaciones a las que ha tenido acceso Listín Diario, a esta persona fue a la que el fiscal Aurelio Valdez Alcántara le exigió el dinero que lo ha llevado a su sometimiento a la justicia.
