La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia sometieron ante la Procuraduría General de la República una acusación contra el doctor Mario Lama, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), y el empresario José Joaquín Toribio Sención.
De acuerdo con Miguel Surun Hernández, representante de las entidades, Lama y Toribio forman parte de un supuesto entramado que logró “hacerse erogar 13 mil millones por supuestos servicios de diálisis a domicilio, en virtud de contratos irregulares otorgados por adjudicaciones amañadas, sobre la base de servicios ficticios, a precios exorbitantes, y con esquemas de doble facturación, utilizando un entramado de sociedades panameñas y fideicomisos, para ocultar el beneficiario final de los recursos irregular obtenidos”.
Esta supuesta trama, según el jurista, inició en octubre del 2020. El servicio de diálisis estaba dirigido a unas 990 personas, donde se implementó la modalidad de contratación por exclusividad, a los fines de garantizar la contratación de las entidades Macrotech Farmacéutica, Srl y Centro Integral De Medicina Renal (Cimer), Sas.
Dijo que esas empresas se les requirieron los servicios de diálisis, cuyo costo anual por paciente dializado es de RD$3,000,000.00, “15 veces el precio estándar a nivel local, con el agravante de que los servicios fueron inexistentes, y pacientes que en la mayoría no existen, o sus tratamientos se encuentran cubiertos por la Seguridad Social”.
Surun Hernández indicó que todo esto se hizo “con el apoyo cómplice de Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones, quien en la resolución RIC-1013-2021 admitió serias irregularidades en el citado proceso de selección, pero no lo suspendió”.
“Con los 13 mil millones de pesos se hubiera construido un centro especializado de Nefrología, pues la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar costó 14 mil millones de pesos”, dijo.
Se recuerda que en una investigación el medio Panorama informó sobre estos contratos de exclusividad, indicando que el servicio fue suspendido en la mayoría de hospitales que visitaron para la investigación.
Carlos Pimentel aseguró que otorgar contratos de exclusividad no viola la ley y los mismos fueron legales, pero el director del SNS, Julio César Landrón de la Rosa, suspendió los mismos y determinó una investigación.
