Desde el año 2019 hasta la fecha, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha ordenado la extradición de 324 dominicanos a diversos países, la mayoría hacia Estados Unidos.
Los requeridos enfrentan cargos por narcotráfico, homicidio, fraude, lavado de activos y agresión sexual.
De esa cantidad, 255 procesos han concluido satisfactoriamente, 51 personas se encuentran pendientes de captura y nueve casos permanecen en trámite, según estadísticas del Poder Judicial.
Las extradiciones han sido ordenadas por la Sala Penal del alto tribunal, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrada por los jueces María Garabito, Nancy Salcedo, Fran Soto y Yorlin Vásquez Castro.
Conforme con las estadísticas de la Suprema, en lo que va del año 2026 se han conocido nueve solicitudes de extradición: ocho bajo la modalidad simplificada y una revisión de medida de coerción, la cual fue declarada inadmisible.
Detalles de los procesos
De los 255 casos finalizados, 230 concluyeron con la entrega de los solicitados, ya sea mediante salida voluntaria u ordenada por el tribunal.
Asimismo, cuatro solicitudes fueron rechazadas, en cuatro se dictó el sobreseimiento del proceso y 17 terminaron en desistimiento por parte del Estado requirente.
Una parte de las entregas fue autorizada directamente por la Suprema, tras proceso de extradición, mientras que otros ciudadanos aceptaron irse de manera voluntaria (extradición simplificada) para abreviar el proceso y enfrentar los cargos en territorio extranjero.
Gestión y cooperación internacional
Las solicitudes son gestionadas por el Departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, dirigido por el magistrado Osvaldo Bonilla. Este departamento se encarga de la recolección de evidencias y la elaboración de los informes de extradiciones activas y pasivas.
Los requerimientos provienen de diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos, España, Países Bajos, Francia, Italia, Canadá, Rumania, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Albania y Bélgica, entre otros.
Casos recientes y relevantes
El caso más reciente es la extradición de Pedro José Espinal Arthur, capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, quien se desempeñaba como coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
El presidente Luis Abinader firmó su entrega mediante el decreto número 48-26, tras ser requerido por la justicia de Puerto Rico por narcotráfico y lavado de activos.
Asimismo, en 2025 destacó el caso de Esteffani José Vásquez Amarante (alias “Ethian” o “Baby”), pareja de la diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández. Vásquez Amarante fue extraditado a Puerto Rico bajo el decreto 664-25.
En una audiencia celebrada en la sala 6 de Hato Rey, Puerto Rico, el juez Héctor L. Ramos Vega ordenó que el imputado permanezca en libertad condicional mientras sigue el proceso.
Históricamente, el año 2005 registró una de las mayores cifras de extradiciones autorizadas, destacando la del excapitán del Ejército, Quirino Paulino Castillo, así como las de Tirso Cuevas Nin y Lidio Arturo Nin Terrero.
Casos recientes y relevantes
La evolución anual de las extradiciones refleja la dinámica de la cooperación jurídica internacional:
Años recientes: 2024 (51); 2023 (36); 2022 (53); 2021 (40); 2020 (20); 2019 (23).
Periodos anteriores: 2018 (26); 2017 (15); 2016 (17); 2015 (18); 2014 (30); 2013 (20); 2012 (19); 2011 (18); 2010 (23); 2009 (28); 2008 (15); 2007 (15); 2006 (22); 2005 (32); 2004 (13); 2003 (17); 2002 (20); 2001 (12); 2000 (11) y 1999 (7).
Marco legal vigente
El Tratado de Extradición original entre República Dominicana y Estados Unidos data del 19 de junio de 1909. No obstante, el 12 de enero de 2015 ambas naciones suscribieron un nuevo instrumento jurídico para enfrentar el crimen transnacional moderno, incluyendo delitos de alta tecnología, terrorismo y sicariato.
El artículo 10 de este texto establece que, en casos de urgencia, la parte requirente puede solicitar el arresto provisional de la persona buscada mientras se formaliza la documentación de respaldo.
