República Dominicana trabaja junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la creación de su primera estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción.
El proceso se desarrolla entre 2025 y 2026. Incluye una revisión completa del sistema de integridad del país, que servirá como base para diseñar un plan nacional, según la OCDE. La elaboración de esta estrategia está a cargo de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
El informe preliminar de la OCDE, detalla sobre este plan nacional, muestra avances en algunas áreas, pero también importantes debilidades.
En materia de cabildeo, el país obtiene 0% tanto en criterios normativos como prácticos. No existen leyes que regulen esta actividad. Tampoco hay reglas sobre “periodos de enfriamiento” para funcionarios ni registros públicos que identifiquen a los dueños reales de las empresas.
Sobre conflicto de intereses, el país cumple con el 78% de las normas, pero solo el 22% en la práctica. Aunque existen leyes y obligaciones como la declaración patrimonial, no hay mecanismos claros para gestionar o resolver estos conflictos. Además, solo se ha verificado el 14% de las declaraciones desde 2018.
En financiamiento político, República Dominicana tiene un 90% de cumplimiento normativo, pero apenas un 14% en la práctica. Aunque la ley prohíbe donaciones ilegales y establece límites, no se publican los informes financieros de campañas ni las sanciones. Tampoco todos los partidos presentan sus cuentas.
En cuanto al acceso a la información pública, el país muestra un cumplimiento de 67% en normas y 58% en la práctica, ligeramente por debajo del promedio de la OCDE.
En integridad judicial, los niveles son de 59% en normas y 40% en la práctica. Mientras que en la integridad de la fiscalía, los resultados son más bajos: 21% en normas y apenas 5% en la práctica.
Uno de los puntos más críticos es el sistema disciplinario de los funcionarios públicos. El país alcanza 42% en normas y 0% en la práctica. No existen reglas claras para apelar sanciones, ni guías para investigar faltas, ni sistemas digitales para manejar los casos.
La OCDE concluye que, aunque hay avances legales, la principal debilidad de la República Dominicana está en la aplicación de las normas.
La futura estrategia nacional busca cerrar esa brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica.
Acercamiento con la OCDE
El presidente Luis Abinader viajó a Francia donde ha agotado una importante agenda de trabajo. Disertó en el Foro Global Anticorrupción en París y se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron.
Como parte de la agenda, el canciller Roberto Álvarez y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, firmaron un Memorando de Entendimiento con el que las partes formalizan su acercamiento y buscan fomentar la cooperación, impulsar el intercambio de buenas prácticas, así como apoyar el fortalecimiento de políticas públicas conforme a estándares internacionales.
Abinader y la integridad
En su discurso ante el Foro Global Anticorrupción celebrado en París, el presidente Abinader afirmó que la integridad constituye un principio fundamental de su gobierno. y un pilar esencial para el desarrollo económico y democrático del país, implementándose con un enfoque basado en cuatro pilares: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento.
Al destacar que la integridad “no es un eslogan”, sino un sistema de gobernanza basado en el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas universal, subrayó que esta fortalece la confianza ciudadana y la estabilidad institucional; pero cuando falla, erosiona la legitimidad del Estado y distorsiona el ejercicio del poder.
“La corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad”, expresó el jefe de Estado.
Mejores políticas
La OCDE es una entidad internacional integrada por más de 38 países miembros, que trabaja en el diseño de mejores políticas para mejorar la calidad de vida. También la organización cuenta con más de 60 años de experiencia en la elaboración de políticas orientadas a fomentar la prosperidad y la creación de oportunidades, sustentadas en la igualdad y el bienestar.