El magistrado Rafael Báez, juez de la primera sala de la corte de apelación del Distrito Nacional, aseguró que de 27 mil privados de libertad, el 60% de estos se encuentran bajo arresto preventivo.
Báez dijo que desde que en 2004 entró en vigencia la norma procesal penal, la matrícula de privados de libertad marcaba en los 13 mil y hasta 2025 esta cifra se duplicó, evidenciando una deficiencia en los procesos de revisión de medidas.
“Una persona que tiene trabajo, familia, un salario, estudia y puede asistir en libertad. Es una persona que perfectamente califica para que se le imponga una medida que no sea la de prisión preventiva”, manifestó durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.
Indicó que la prisión preventiva debe ser la última medida cautelar en tomar en cuenta a la hora de colocar una medida de coerción, debido a que esta se utiliza para evitar que el ciudadano cumpla con los procesos requeridos por la justicia; además, destacó que este caso es para los hechos de mayor envergadura.
“Tiene que haber una necesaria revisión de la política de persecución para que la medida de coerción de la privación de libertad no sea la principal. Hacer justicia no es imponer prisión preventiva, eso es una medida cautelar para desarrollar un proceso de investigación y enjuiciamiento”, expresó.
Por otro lado, sugirió la revisión de políticas penitenciarias que busque salida alternativa para reducir los privados de libertad en un 20 o 30%, debido a que su proceso podría ser llevado fuera de las rejas.
“Desde la pandemia estamos hablando sobre una despoblación carcelaria que tocaría profundamente a las personas de edad avanzada y las personas enfermas. Hay personas que pueden ser transferidas al Sistema de Salud y hay herramientas legales para ello; no hay que legislar porque hay tribunales especiales como el tribunal de ejecución de la pena. Hay muchas personas que, por su condición de salud, no están aptas para un tratamiento penitenciario, sino para un tratamiento médico, y es necesario que sean transferidas del sistema de justicia al sistema de salud”, puntualizó.
A esto, informó que la plataforma del Poder Judicial ofrece servicios de verificación de procesos, firma electrónica, reconocimiento internacional, entre otros casos, esto para facilitar el acceso a quienes llevan un caso judicial pendiente y desean monitorearlo sin necesidad de dirigirse a un tribunal.
Esta plataforma cuenta con el acceso de más de 27 mil usuarios registrados, según Báez.
