La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anuncia cada mes la incautación de grandes cargamentos de drogas y el apresamiento de cientos de personas vinculadas a ellos, pero no las identifica a todas, y poco se sabe sobre el curso judicial de los expedientes y qué ocurre finalmente con el dinero incautado.
Los datos oficiales registran que 181,945 dominicanos y extranjeros fueron apresados entre el 2020 y el 2025 en operativos contra el narcotráfico, junto con 147,229.45 kilogramos de distintos tipos de sustancias prohibidas.
La cantidad de dinero decomisado en esos seis años en moneda local, dólares y euros asciende a 631.8 millones de pesos, usando la tasa de referencia del Banco Central del 19 de marzo del 2026.
Según una reconstrucción realizada a partir de las memorias institucionales de la DNCD, las mayores incautaciones de dinero ocurrieron en 2020 y 2021, cuando la institución reporta 298.3 millones y 173 millones de pesos, respectivamente. Luego de eso se produjo una caída abrupta que llevó el monto a 28.5 millones en 2022, repuntando a 50.3 millones en 2023, para luego bajar a 45.1 millones en 2024 y 36.5 millones de pesos en 2025.
Los detenidos
El promedio anual fue de 30,324 detenciones, una cifra que contrasta con la cantidad de expedientes que registra una salida judicial.
Una recopilación de registros del Poder Judicial muestra que las salidas de casos por distribución o tráfico de drogas en fase de juicio fueron 718 en 2024, 1,606 en 2025 y 220 hasta el 25 de marzo del 2026, para un total de 2,544 decisiones en dos años y tres meses.
De ese total, 1,508 correspondieron a condenas, equivalentes al 59 % de las decisiones registradas.
Los 1,036 restantes terminaron en absolución (465), acuerdos (129), procedimientos penales abreviados (2), suspensión condicional de la pena (344), suspensión condicional del proceso (1), archivo o extinción (95).
Los datos disponibles no permiten establecer cuántos detenidos terminan condenados, pero sí dejan abierta la pregunta sobre cuánto tiempo permanecen los expedientes en el sistema, cuántos llegan efectivamente a juicio y cuál es el recorrido judicial de decenas de miles de arrestos anunciados cada año.
Entre los apresados, 170 fueron extraditados y 72 deportados hasta septiembre del 2025, según cifras presentadas por el presidente Luis Abinader en esa fecha.
Las cifras oficiales presentan diferencias entre las memorias institucionales de la DNCD y las estadísticas publicadas por esa institución para algunos períodos, sin que en los documentos revisados se identifique una explicación metodológica sobre esas variaciones.
Uso del dinero
Tras la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), la Procuraduría General de la República (PGR) transfirió a esa entidad los 2,655.5 millones de pesos que tenía en su haber en noviembre del 2025 y el uso de ese dinero es ahora motivo de controversia.
El 10 % de los recursos (265.5 millones de pesos) quedó destinado a la operatividad del Incabide y el restante 90 % (2,389.9 millones) fue transferido al Estado a través de la Cuenta Única del Tesoro.
Desde el año 1975, la Ley 168 dispuso que parte de los valores obtenidos en operativos antidrogas se distribuyera entre entidades que se dediquen a la rehabilitación de drogadictos, pero el Gobierno se ha resistido a hacerlo y esta obligación terminó cambiándose por una mera sugerencia.
«Eso nunca se aplicó, porque el primer presidente del Consejo (Nacional de Drogas) nos decía que eso era mucho dinero y el presidente Joaquín Balaguer no lo iba a dar», señala Juan Radamés de la Rosa Hidalgo, cuya fundación Casa Abierta se dedica a la prevención y tratamiento de las adicciones desde el 1974.
En 1988 se aprobó la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, la cual prescribía que los recursos debían destinarse a «financiar las actividades de las instituciones públicas y privadas legalmente establecidas para desarrollar e implementar programas de prevención, rehabilitación y educación, contra el uso, abuso, consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas».
La Ley de Lavado de Activos (72-02) del año 2002 estableció un porcentaje específico del 15 % para esas organizaciones, un 50 % para la DNCD y 35 % para la Consejo Nacional de Drogas (CND).
Esta asignación se cumplió hasta que fue eliminada por los legisladores en la Ley 60-23, donde se planteó como una posibilidad: «El Gobierno central podrá utilizar los fondos para apoyar, fortalecer, financiar, desarrollar o ejecutar programas de prevención o tratamiento en consumo de drogas (artículo 82)».
También se incluyeron en ese apartado iniciativas para la reducción de la pobreza, reinserción de condenados o infractores legales, protección o apoyo de menores, prevención, persecución, investigación o control del ilícito penal, protección o apoyo de grupos vulnerables, apoyo y protección de víctimas de infracciones penales, protección de fronteras, así como el mejoramiento de condiciones de vida en las áreas de salud, seguridad, transporte, educación o vivienda.
Una novedad fue que se conminó al Ministerio de Hacienda y Economía a publicar cada seis meses un informe con el uso detallado de los fondos recibidos. También se debe medir el impacto generado por los proyectos financiados con recursos retirados a la criminalidad.
Varias organizaciones dedicadas a la prevención y tratamiento de adicciones, incluyendo a Casa Abierta, denunciaron recientemente que los recursos provenientes de bienes incautados históricamente no han llegado conforme a los porcentajes previstos en la legislación y reclamaron que Hacienda detalle cuánto dinero recibe, cómo lo distribuye y cuáles instituciones han resultado beneficiadas.
Dinero de los casos de corrupción
De acuerdo con la información entregada por el Incabide a Diario Libre, la mayor parte de los recursos transferidos provino de grandes procesos de corrupción vinculados a exfuncionarios y personas relacionadas con el gobierno anterior: 2,095.8 millones de pesos.
Ese monto se compone de 33.8 millones de pesos vinculados a la causa judicial que toca a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros; 62 millones de pesos por el expediente que encabeza el exprocurador Jean Alain Rodríguez y 2,000 millones de pesos decomisados al empresario Maxy Gerardo Montilla.Eso deja 559.7 millones de pesos procedentes de otras causas legales, una cifra cercana a los 631.8 millones de pesos reportados como dinero incautado por la DNCD durante seis años de operativos antidrogas.