El mundo y nuestro país se enfrentan a una gran crisis. No es la primera, ni tampoco la más grave. La crisis de 1989-1990 fue mucho más amplia y severa. La inflación y la caída del tipo de cambio fue devastadora. El sistema financiero sufrió una gran crisis. Primero la llamada «crisis de las Financieras». Después la caída en cascada de la mayoría de los bancos, incluyendo la del Banco Universal. Y para hacer más difícil todo… parió la abuela.
La invasión y anexión de Kuwait por parte del Irak de Sadam Hussein en 1990 agregó una crisis de los precios del petróleo que dejó a la República Dominicana sin poder importar combustibles. El Banco Central de Venezuela nos suspendió el uso del Convenio de Créditos Recíprocos de ALADI, mediante el cual se importaba el petróleo. Por tanto, debíamos pagar en efectivo por anticipado o el petróleo no salía de Venezuela, que era nuestro abastecedor en un 70 %, tanto de crudo como de productos refinados.
Las largas colas en las gasolineras y los apagones de hasta 20 horas fueron cosas cotidianas. Y después hubo otras grandes crisis de origen local o internacional. 2002-2004 fue la segunda gran crisis del sistema financiero con el colapso de Baninter. En 2008-2010 fue el impacto internacional del colapso del sistema financiero de Estados Unidos debido al estallido de las hipotecas basura subprime y sus consecuencias.
La crisis desatada por la pandemia del COVID-19 también fue un martillazo inimaginable. El país se cerró como gran parte del mundo. Las exportaciones y la actividad productiva, incluido el sector turismo, pusieron al país contra la pared. Por más exageraciones que haga la administración de los Estados Unidos en las dos guerras desatadas contra Irán —en junio de 2025 y ahora desde finales de febrero de 2026— sobre el Armagedón universal, no estamos ante el colapso del mundo o de América Latina y el Caribe. Lo que hace la situación actual especial es la imprevisibilidad de la administración de la primera potencia económica y militar.
Por ello vamos a enumerar algunas medidas que podría tomar el país para enfrentar la situación actual. La RD es mucho más débil, además, por la extrema debilidad fiscal y económica del Estado. Se han pospuesto una y otra vez medidas de racionalidad y de reforma económica.
- Poner en práctica la ley aprobada hace más de una década sobre los pagos de derecho de circulación. No hay que someter nada al Congreso. La ley está aprobada y debe ser puesta en efecto.
- Suspender el financiamiento a los partidos políticos y someter su eliminación.
- Suspender el llamado «barrilito» y «cofrecito» del Congreso.
- Eliminar el 100 % del gasto en publicidad gubernamental.
- Reducir los salarios del sector público por encima de 100 000 pesos.
- Reducir la nómina del Estado en un 20 % con efecto en 90 días.
- Continuar con la fusión de entidades del Estado y reducir los ministerios del Gobierno a 10.
- Reformar el ITBIS (IVA) del 18 % al 15 % como IVA general. Incorporar un IVA reducido para actividades sensibles al 8 % y uno superreducido del 4 % para productos de consumo popular.
- Imponer que las exportaciones de oro y plata del país por encima de 4000 dólares destinen el diferencial completo al Estado.
- Aprobar un impuesto a las empresas mediante el cual se cambiaría el Impuesto sobre la Renta por un impuesto a las ventas del 3 % a partir de 50 millones de ventas anuales.
- Suspender en un 50 % los subsidios y en un 100 % las exenciones millonarias del llamado «gasto tributario».
- Unificar las empresas estatales del sector eléctrico (distribución, transmisión, generación, hidro) en una sola empresa estatal. Invertir masivamente en la distribución. Comenzar con la implementación del crédito aprobado y firmado por el Eximbank de China desde 2016 por 600 millones de dólares.
Con estas medidas focales, se generarán ahorros elevados por más de 50 000 millones de pesos y se podrá iniciar las necesarias reformas económicas que requiere el país.
