SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Ante los abusos sexuales ocurridos en los municipios de Villa González en la provincia Santiago y en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, sectores de la sociedad dominicana piden reconsiderar la implementación de la castración química en el país.
Esta semana, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños, expresó que frente a sucesos como los descritos, es necesario examinar nuevamente esa posibilidad. “Cuando uno ve esos tipos de aberraciones, de abusos, que no se justifican, la verdad es que esta sociedad va a tener que revisar muchos conceptos, porque no se trata de un hecho que se quedó ahí. Es que también los niveles de morbosidad que han generado en las redes, al haber hecho eso público, yo no sé, pero creo que nosotros como sociedad debemos revisarnos”, indicó el jurista, cuya entidad siempre se ha opuesto a la inclusión de dicha figura en el sistema jurídico dominicano.
En el año 2023, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, presentó al Senado de la República un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del Código Penal para aplicar la castración química a los condenados por violación sexual a menores de edad, personas en estado de inconsciencia, incesto y muerte por agresión sexual.
La pieza legislativa, ampliamente debatida en el hemiciclo, fue dejada fuera de la reciente modificación del Código Penal llevada a cabo en el Congreso Nacional. Romero, proponente de la iniciativa, afirmó que su propuesta permitiría a las personas condenadas por violación acogerse voluntariamente a un tratamiento de castración química como condición para una eventual reducción de su pena.
El congresista explicó que la medida no impone la castración de forma obligatoria, sino que habilita al juez de la ejecución de la pena a negociar con el condenado, dentro de los márgenes legales, una reducción de condena si este acepta someterse al tratamiento hormonal. “El violador puede acogerse voluntariamente a la castración química después de una sentencia de 15 a 20 años, o de 20 a 30 años. No se trata de cortar nada físicamente, sino de aplicar un tratamiento hormonal que reduce el deseo sexual. Es una forma de tratar una condición que tiene raíces psiquiátricas y psicológicas”, explicó.