Durante décadas, la economía mundial operó en un entorno relativamente predecible. La expansión del comercio, la estabilidad de las rutas marítimas y la integración de las cadenas globales de suministro permitieron a muchas economías —incluida la dominicana— crecer con dinamismo, apoyadas en el turismo, las remesas, la inversión extranjera y el comercio internacional.
La República Dominicana fue uno de los países que mejor capitalizó ese contexto, sosteniendo por más de veinte años uno de los ritmos de crecimiento más altos de América Latina.
Pero ese mundo está cambiando. Hoy entramos en una etapa marcada por tensiones geopolíticas, conflictos regionales y rivalidades entre grandes potencias. La guerra en Ucrania, la competencia entre Estados Unidos y China y, especialmente, la escalada en Medio Oriente están devolviendo a la geopolítica un rol central en la economía global.
El riesgo más inmediato se concentra en esa región. Por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20 % del petróleo mundial, mientras parte de la infraestructura energética está siendo afectada. Cualquier interrupción o reducción de su capacidad productiva puede alterar el mercado global y disparar los precios del crudo.
Para una economía como la dominicana, altamente dependiente de hidrocarburos importados, esto no es un tema lejano. El país importa prácticamente la totalidad del petróleo que consume, y su factura petrolera anual oscila entre 4,000 y 5,000 millones de dólares.
Cada aumento sostenido en el precio del petróleo impacta directamente la economía nacional: eleva el costo del transporte, encarece la generación eléctrica y presiona al alza los precios de bienes y servicios.
A esto se suman otros factores que agravan el escenario. Las tensiones geopolíticas están elevando el costo de los fletes, los seguros marítimos y múltiples insumos industriales y agrícolas. En una economía abierta como la dominicana, estos aumentos se trasladan con rapidez a los precios internos.
Frente a estas presiones externas, el Estado ha recurrido a subsidios y transferencias para amortiguar el impacto social. Sin embargo, estas medidas tienen un alto costo fiscal. Los subsidios a los combustibles han implicado decenas de miles de millones de pesos, mientras que las transferencias al sector eléctrico han superado en algunos años los 100 mil millones.
El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo está estructurado ese gasto. Más del 87 % del presupuesto público está comprometido en gastos rígidos —intereses de la deuda, subsidios, pensiones y nómina— lo que limita significativamente la capacidad del Estado para reaccionar ante choques externos.
Pero el desafío no termina ahí.
En 2025, la estabilidad del peso dominicano ha descansado en un flujo importante de divisas provenientes de las remesas, la inversión extranjera y las exportaciones. De acuerdo con cifras del Banco Central, estos renglones crecieron a tasas de dos dígitos y fueron los principales responsables de sostener el crecimiento del PIB en apenas 2.1 %.
La inversión extranjera, impulsada por la confianza en la estabilidad del país, las remesas, respaldadas por el mercado laboral estadounidense, y las exportaciones, favorecidas por el precio del oro, compensaron la pérdida de dinamismo de la economía interna.
Sin embargo, este desempeño también envía una señal de alerta.
El bajo crecimiento no responde a debilidad del sector externo, sino a una desaceleración significativa de los motores internos. Sectores como la construcción —uno de los principales generadores de empleo y encadenamientos productivos— han mostrado signos de estancamiento e incluso contracción.
Esto revela una vulnerabilidad estructural: la economía ha dependido del impulso externo para compensar la debilidad interna. Y en un contexto internacional que comienza a deteriorarse, esa dependencia incrementa los riesgos.
Si las condiciones globales se vuelven más adversas —mayores precios del petróleo, menor flujo de capitales, debilitamiento del turismo o las remesas— la economía dominicana podría enfrentar presiones simultáneas sobre el tipo de cambio, la inflación y las cuentas fiscales.
Ese es el verdadero riesgo: un entorno externo menos favorable combinado con una economía interna debilitada.
Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse a administrar subsidios semana tras semana. Eso puede ser necesario en el corto plazo, pero no constituye una estrategia sostenible.
La respuesta debe ser más inteligente, más focalizada y más estratégica. En primer lugar, es imprescindible mejorar la focalización del gasto social. No se trata de eliminar totalmente los subsidios, sino de dirigirlos de manera más eficiente hacia donde generan mayor impacto: Bono Gas, Bono Luz, transporte público, desayuno y almuerzo escolar, y transporte escolar. Esto permitiría proteger a los hogares más vulnerables sin seguir ampliando el gasto de forma indiscriminada.
Pero el eje central de la respuesta debe estar en la producción nacional de alimentos.
Si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, no solo aumentará el precio del petróleo. También se encarecerán fertilizantes, insumos agrícolas y alimentos importados. En ese contexto, fortalecer el sector agropecuario se convierte en una prioridad estratégica.
El país debe avanzar hacia un programa integral de apoyo al campo: financiamiento oportuno, subsidios focalizados a fertilizantes y semillas, asistencia técnica y mejoras en la logística de distribución.
Al mismo tiempo, es fundamental impulsar la producción de rubros estratégicos como los insumos para la producción avícola y pecuaria. Reducir la dependencia de importaciones en estos productos es clave para estabilizar los precios y garantizar el abastecimiento.
No se trata solo de subsidiar. Se trata de producir más, producir mejor y proteger al consumidor.
El objetivo es claro: contener los aumentos en la canasta básica, evitar escenarios de escasez y fortalecer la seguridad alimentaria frente a choques externos.
En un mundo donde la geopolítica vuelve a incidir directamente en el precio de la energía, el transporte y los alimentos, la resiliencia económica depende cada vez más de la capacidad de los países para producir, abastecerse y proteger a su población.
La República Dominicana aún está a tiempo de actuar.
Pero eso exige decisiones firmes, prioridades claras y una visión de Estado que entienda que, en momentos como este, gobernar no es reaccionar… es anticiparse.
Porque cuando la geopolítica sacude al mundo, termina golpeando el bolsillo de la gente.
Y los países que mejor resisten no son los que reaccionan tarde,
sino los que se anticipan y se preparan a tiempo.
