SANTIAGO. – El Ministerio Público solicitó este jueves la imposición de un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas durante la operación XL526, desplegada contra una presunta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a ciudadanos residentes en Estados Unidos desde territorio dominicano.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, que además requirieron que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la cantidad de imputados y víctimas, así como por los delitos vinculados al crimen organizado y lavado de activos.
Entre los señalados como presuntos cabecillas de la estructura figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También fueron incluidos en la solicitud Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La instancia fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado.
De acuerdo con el expediente la organización operaba principalmente desde el municipio de Jacagua, en Santiago y utilizaba herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a extorsión y chantaje.
Las investigaciones indican que los integrantes de la red se hacían pasar por miembros de grupos criminales internacionales incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, para intimidar a sus víctimas mediante amenazas y el envío de imágenes violentas con el objetivo de exigir pagos.
Las autoridades han identificado al menos 18 víctimas hasta el momento y sostienen que los fondos obtenidos de manera ilícita eran canalizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos y otros mecanismos utilizados para ocultar el origen de los recursos.
La operación XL526 incluyó la realización de 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, encabezados por 35 fiscales y apoyados por distintas agencias nacionales e internacionales vinculadas a la lucha contra el crimen organizado.
El Ministerio Público atribuye a los imputados presuntas violaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego. La audiencia para conocer la medida de coerción será fijada por el tribunal en los próximos días.