En estos días no puedo dejar de pensar que en la República Dominicana estamos entrando en una zona de alto riesgo. No necesariamente por la magnitud de los actores involucrados, sino por la naturaleza del lenguaje que empieza a circular en el espacio público.
Lo que se perfila en Los Minas, sector populoso de Santo Domingo, se inscribe en una dinámica más amplia: la construcción acelerada de un relato simplificador que transforma incidentes en “pruebas” de una amenaza colectiva.
Ese mecanismo no es nuevo, ya lo hemos visto operar en otros paises.
Un hecho puntual —una riña, un crimen, una tensión comunitaria— se convierte en evidencia irrefutable de que “estamos siendo invadidos”, de que “la autoridad ha perdido el control”, de que “es hora de actuar”. La complejidad y el contexto desaparecen. Solo queda el impacto emocional.
La palabra precede a la acción. Y cuando palabras como—“limpieza”, “expulsión total”, “ellos o nosotros”— se normalizan, el umbral moral se desplaza sin que casi nos demos cuenta.
En toda sociedad hay tensiones. En barrios densamente poblados, donde se superponen pobreza, migración, informalidad y ausencia institucional, esas tensiones pueden escalar rápidamente. Es una realidad social cual sea la nacionalidad de los implicados.
El problema comienza cuando un hecho concreto deja de ser analizado como tal y se transforma en narrativa identitaria.
El proceso suele seguir un patrón claro: ocurre un incidente, se descontextualiza, se amplifica, se manipula, se convierte en símbolo de una supuesta amenaza racial, se concluye que la única respuesta posible es radical.
En ese punto, ya no importa la verdad de los hechos. Importa la eficacia del relato. Una minoría organizada, con capacidad de movilización y presencia digital, puede instalar una atmósfera de urgencia nacional aunque no represente a la mayoría. El ruido sustituye al diálogo. La indignación sustituye a la reflexión.
Nuestra relación con Haití es compleja, dolorosa, cargada de episodios traumáticos. Pero también está tejida de interdependencias históricas, geográficas, económicas y humanas.
En lugar de estudiar los procesos, se eligen fragmentos útiles. En lugar de comprender las causas estructurales —pobreza, desigualdad, ignorancia, prejuicio, fragilidad institucional— se personaliza la responsabilidad. En lugar de políticas públicas coherentes, se demanda gestos de fuerza.
Lo verdaderamente preocupante no es que haya discursos extremos; siempre los ha habido. Lo inquietante es su naturalización.
Cuando expresiones que hace una década nos habrían parecido inaceptables comienzan a circular sin escandalizar, algo está cambiando en la sociedad. Y está cambiando para mal.
Se instala la idea de que la violencia preventiva es legítima. Se sugiere que la autoridad es débil si no actúa con espectacularidad. Se presenta al vecino como culpable y como amenaza.
Es un clima. Y los climas preceden a los acontecimientos.
No se trata de negar que existan problemas migratorios reales ni desafíos de seguridad. Tampoco de descalificar automáticamente toda preocupación ciudadana. La convivencia requiere reglas claras y políticas responsables.
Pero una cosa es discutir soluciones institucionales y otra muy distinta alimentar un imaginario de confrontación étnica. La primera fortalece al Estado. La segunda lo desborda.
La pregunta no es si existe malestar. La pregunta es quién lo interpreta y hacia dónde lo dirige.
Los Minas no es solo un sector; es un símbolo de fracturas sociales acumuladas.
Si permitimos que el lenguaje se radicalice sin contrapeso, podríamos cruzar una línea de no retorno. No por la fuerza de una mayoría, sino por la intensidad de una minoría convencida de que la urgencia lo justifica todo.
Tal vez estamos aún a tiempo. Pero el tiempo exige decisión y lucidez. Porque cuando el miedo sustituye al pensamiento, la historia deja de enseñarnos y comienza, silenciosamente, a repetirse.
