La querella presentada por el Estado dominicano y las empresas distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edesur y Edenorte) el 14 de junio de 2021, fue clave en la otra línea de investigación del caso Antipulpo y motivó a Maxy Gerardo Montilla Sierra a admitir su culpabilidad.
La acción legal acusa a un grupo de exfuncionarios y empresarios de un fraude de más de 20 mil millones de pesos a través de contrataciones públicas fraudulentas y sobrevaloradas.
Entre los acusados, además de Montilla Sierra, se encuentran Jerges Rubén Jiménez Bichara, exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE; Luis Ernesto de León Núñez, exadministrador general de Edeeste; y los exadministradores de Edesur y Edenorte, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez y Julio César Correa, respectivamente. También figuran en la querella Juan Alexis Medina Sánchez y otras personas y empresas.
A través de los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo, la querella con constitución en actor civil imputa a este grupo delitos como estafa agravada contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsedad en documentos, asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
El Esquema de Fraude Detallado
La acusación se centra en un esquema de fraude millonario en el sector eléctrico.
Se alega que Montilla Sierra se hizo pasar por el distribuidor exclusivo de la tecnología Twacs de Aclara Technologies, LLC., para obligar a las empresas distribuidoras a adquirir equipos a precios inflados.
Para ello, habría manipulado las fichas técnicas en los pliegos de licitación, lo que dirigió los procesos de compra exclusivamente a su empresa, Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.. Se estima que la sobrevaloración de los productos pudo haber alcanzado hasta un 100% de su valor real.
Además, se acusa a Montilla Sierra de participar en contrataciones amañadas con la CDEEE, algunas de ellas financiadas por organismos internacionales.
También se le imputa haber modificado contratos con Edesur después de su adjudicación, alterando aspectos esenciales como la moneda y añadiendo montos adicionales.
El monto total de las transacciones fraudulentas en las que participó asciende a más de 20 mil millones de pesos. Se estima que el perjuicio económico al Estado, en un cálculo preliminar, supera los 50 mil millones de pesos.
Acuerdo de Criterio de Oportunidad
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó un acuerdo de criterio de oportunidad entre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Maxy Gerardo Montilla Sierra. Bajo este acuerdo, Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de 3 mil millones de pesos en efectivo a favor del Estado.
A cambio, el cuñado del expresidente Danilo Medina se comprometió a testificar y proporcionar información sobre otros “involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano”.
“El procesado Maxy Gerardo Montilla Sierra deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados… ya que se ha tomado como punto de partida para llegar al presente acuerdo… su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, señala el documento del acuerdo.