La discusión generada por el denominado Plan Anticrisis ha vuelto a colocar sobre la mesa un tema que ningún gobierno puede eludir indefinidamente: cómo garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin comprometer la competitividad de la economía ni el bienestar de los ciudadanos.
Es una discusión necesaria e inevitable. Ningún país puede sostener déficits crecientes, endeudamiento acelerado o ingresos insuficientes para atender las demandas legítimas de su población en materia de infraestructura, educación, salud y seguridad. Pero junto a esa conversación sobre cómo recaudar más, hay una pregunta que no puede quedar relegada: ¿hemos agotado realmente todas las oportunidades para gastar mejor?
La sostenibilidad fiscal no depende únicamente de cuánto recauda el Estado. Depende, en igual medida, de cómo administra los recursos que ya recibe y de la confianza que logra inspirar en quienes los aportan. Cuando los ciudadanos perciben desperdicios, duplicidades, contrataciones poco transparentes, subsidios sin evaluación o corrupción administrativa sin consecuencias reales, resulta comprensible que surja resistencia ante cualquier propuesta de mayor carga tributaria. La calidad del gasto público puede convertirse en una fuente de recursos tan importante como la propia recaudación, cuando se reducen pérdidas, se eliminan desperdicios y se mejora la productividad del Estado.
Controles preventivos, no solo correctivos
Durante décadas, el país ha concentrado sus esfuerzos en detectar irregularidades años después de ocurridas, cuando el daño ya está hecho y los recursos, perdidos. La tecnología disponible hoy permite hacer algo radicalmente distinto: monitorear procesos en tiempo real, generar alertas tempranas y establecer mecanismos de supervisión continua que reduzcan significativamente los riesgos de sobrevaluaciones, pagos indebidos y desviaciones presupuestarias. La prevención siempre será menos costosa que la corrección.
Igual de urgente es avanzar hacia una trazabilidad efectiva de las inversiones públicas. Los ciudadanos deberían poder conocer, con facilidad y sin tecnicismos, qué obras se ejecutan, cuál era su presupuesto original, cuánto se ha desembolsado, qué modificaciones han sido aprobadas y qué resultados concretos se han obtenido. Transparencia no significa simplemente publicar datos en un portal: significa que esos datos permitan seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Iniciativas como el DIMEP, concebidas para fortalecer el monitoreo continuo y preventivo de la ejecución pública, demuestran que el país dispone ya de herramientas para avanzar desde un modelo reactivo hacia uno preventivo de control y rendición de cuentas.
El peso de las pérdidas eléctricas
Otro componente ineludible de esta agenda es el gasto asociado a las pérdidas del sector eléctrico. Año tras año, el Estado destina miles de millones de pesos para cubrir déficits derivados de pérdidas técnicas y no técnicas, conexiones ilegales, fraude y deficiencias en la facturación y el cobro. Son recursos que podrían dirigirse a salud, educación, seguridad ciudadana o agua potable, pero que terminan absorbidos por ineficiencias que el país no ha logrado superar del todo. Cualquier estrategia fiscal seria debería incluir metas concretas, medibles y verificables de reducción progresiva de esas pérdidas. Cada punto porcentual recuperado es un alivio fiscal real que no requiere nuevos impuestos ni mayor endeudamiento.
La revisión de la calidad del gasto también debe alcanzar la publicidad gubernamental. La comunicación del Estado cumple una función legítima cuando informa sobre servicios, programas y derechos. Pero esos recursos deben estar sujetos a criterios transparentes de asignación y mecanismos de evaluación que permitan determinar su impacto real. En un momento en que se pide mayor esfuerzo a los contribuyentes, cada peso de gasto institucional debe justificarse con objetivos claros y resultados verificables.
Una señal contradictoria
En ese contexto, resulta difícil comprender la reducción de cargas tributarias a determinados sectores, entre ellos las bancas de apuestas, mientras simultáneamente se argumenta la urgencia de aumentar la recaudación. La señal que se transmite es contradictoria y erosiona la credibilidad del ajuste. La contradicción resulta mayor cuando se trata de una actividad que no genera los mismos encadenamientos productivos, empleos de calidad o aportes al desarrollo que otros sectores estratégicos, y que además genera costos y desafíos sociales cuya atención también recae, directa o indirectamente, sobre el Estado.
La verdadera sostenibilidad
Para que cualquier ajuste fiscal gane legitimidad, el país necesita asumir compromisos verificables: controles preventivos en tiempo real, metas anuales de reducción de pérdidas eléctricas con rendición de cuentas, un tablero público de seguimiento a las inversiones, auditorías del gasto en publicidad y compras públicas, y revisión de privilegios tributarios recientes. Varios países han avanzado en esta dirección creando organismos independientes que monitorean la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto. La República Dominicana tiene las condiciones para hacer lo mismo.
El desafío de esta etapa consiste en lograr que el crecimiento económico que el país ha demostrado capacidad de sostener se apoye en instituciones más eficientes, transparentes y orientadas a resultados. Recaudar más puede ser necesario. Gastar mejor es indispensable. Porque la sostenibilidad fiscal no se mide únicamente por la capacidad de recaudar más, sino también por la capacidad de demostrar que cada peso recaudado se administra con eficiencia, transparencia y sentido de responsabilidad pública.