China es, sin duda, un ejemplo de éxito como país. Ha logrado, bajo un sistema autocrático, lo que muchos no creímos posible: un modelo en el que el Estado lo controla todo, pero al mismo tiempo impulsa el desarrollo a través del financiamiento y el subsidio directo a lo que define como empresa privada. Para mantener cohesión social, recurre con eficacia a su cultura ancestral, al respeto por la familia y a una estructura donde el individuo se subordina al colectivo.
No existen sistemas de pensiones comparables a los de otras regiones del mundo. Los pocos que existen ofrecen sumas muy reducidas, por lo que la responsabilidad de cuidar a los envejecientes recae, fundamentalmente, en los hijos o familiares; es por esto que el ahorro familiar es cercano a un 40% de sus ingresos.
Lo que me inspiró a escribir este artículo fue un programa de televisión estadounidense emitido el pasado domingo: 60 Minutes, de la cadena CBS, probablemente el espacio investigativo más influyente de ese país. El reportaje abordaba las razones por las cuales Estados Unidos ha desarrollado una fuerte dependencia de China, tanto en la adquisición de tierras raras como en la construcción de buques —tanqueros y de carga— utilizados en el transporte de petróleo y sus derivados.
En ambos casos, la conclusión fue contundente: los precios chinos son significativamente más bajos. Esto llevó a Estados Unidos a reducir o abandonar la explotación de tierras raras y a disminuir su producción naval a niveles casi insignificantes.
Viví una experiencia similar durante mi gestión como embajador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En una visita oficial a China, uno de los lugares que recorrimos fue Huawei, empresa líder mundial en telecomunicaciones. Allí se nos expuso, sin ambages, su posición dominante en el sector, y debo decir que la impresión fue notable. Ante mi pregunta sobre su principal competidor en Estados Unidos, uno de los anfitriones respondió que debió ser Cisco; sin embargo, debido al financiamiento estatal y a los subsidios del gobierno chino, la empresa estadounidense prefirió retirarse antes que seguir perdiendo dinero en esa competencia.
Como puede observarse, este fenómeno ya se replica en América Latina, y particularmente en nuestro país. Negocios chinos de todo tipo, respaldados por el Estado de su país de origen, están incursionando en sectores comerciales e industriales con precios imposibles de igualar. No buscan necesariamente beneficios a corto plazo, sino posicionarse estratégicamente hasta controlar actividades económicas de su interés, desincentivando la inversión local. Así ocurrió en Estados Unidos, y de ahí deriva su actual dependencia de productos chinos.
Preocupa la complacencia de algunos funcionarios dominicanos que consideran que estos precios bajos, resultado del subsidio estatal chino, benefician al consumidor. Lo que no se comprende es que esos precios solo se mantendrán mientras exista competencia; una vez esta desaparezca, el escenario cambia.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué sectores quedarán en manos dominicanas? Resulta particularmente inquietante que industrias locales capaces de exportar competitivamente —y que pagan impuesto sobre la renta— enfrenten ahora la competencia de empresas chinas instaladas bajo el régimen de zonas francas, que no tributan y que, sin embargo, capturan el mismo mercado.
No se trata de oponerse a la inversión extranjera; por el contrario, esta es necesaria. Lo cuestionable es la permisividad frente a prácticas de competencia desleal que el propio Estado tolera, aun sabiendo lo que implican. Se aprueban inversiones de origen dudoso y, al mismo tiempo, se autorizan empresas en zonas francas que erosionan la base fiscal al sustituir a compañías que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
Es innegable que el modelo chino ha demostrado eficacia. Un ejemplo reciente: pese a las tarifas impuestas por Estados Unidos, que han reducido sus exportaciones hacia ese país en alrededor de un 10% en los que meses enero-febrero este año, China ha logrado aumentar sus exportaciones globales en cerca de un 22%, apoyada en ese mismo esquema de financiamiento estatal y subsidios.
Lo que está ocurriendo en la República Dominicana no es un hecho aislado; se repite en toda América Latina. La disyuntiva es clara: nuestras autoridades y entidades empresariales deben corregir a tiempo o enfrentar las consecuencias en el mediano plazo.
