El documento oficial del Gobierno sobre las medidas para enfrentar la crisis en Medio Oriente parte de un diagnóstico correcto: un choque petrolero presiona combustibles, electricidad, transporte, alimentos, inflación y cuentas fiscales.
El problema es la respuesta. Vuelve al libreto de siempre: recortar viáticos, viajes, publicidad, vehículos, eventos y gastos operativos. Eso comunica austeridad, pero no es política fiscal seria.
El Gobierno habla de liberar RD$40,000 millones. La cifra luce grande, pero pierde fuerza frente a su propio parámetro: cada aumento de USD 10 en el barril de petróleo representa cerca de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera.
RD$40,000 millones equivalen a unos USD 660 millones. Cubren menos de USD 9 por barril. Si el choque supera USD 20 o USD 30, el paquete nace corto.
La medida más visible, reducir 50% el financiamiento a los partidos políticos, tiene alto rendimiento comunicacional y bajo impacto fiscal. Puede representar entre RD$600 y RD$750 millones, menos de 2% del paquete.
Sirve para decir que la política aporta, pero no cambia el déficit ni reduce la deuda.
Varias medidas tampoco son verificables. Reducir combustible, eventos, viáticos o publicidad suena bien, pero sin línea base, metas por institución y reportes mensuales nadie audita el cumplimiento.
Ya ocurrió antes. Los decretos de austeridad de 2021 y 2022 limitaron compras de vehículos y viajes. Luego varios rubros volvieron a subir.
Ahí está la omisión principal. El Gobierno no habla con claridad de la nómina pública, del subsidio eléctrico ni de una regla para combustibles. Esos son los grandes centros de presión fiscal.
Recortar actos oficiales mientras crecen nómina, transferencias y subsidios es austeridad selectiva: se ajusta lo visible, no lo estructural.
La investigación sobre fondos de emergencia agrava el cuadro. La Ley 423-06 ordena asignar cada año 1% de los ingresos corrientes estimados del Gobierno Central para calamidades públicas.
Para 2024 y 2025 eso debió superar RD$12,000 millones anuales. Pero la asignación visible se mantiene cerca de RD$594.8 millones. Esa brecha revela incumplimiento recurrente.
También existe la contribución de US$174.50 por tonelada métrica de GLP, destinada al Fondo Especial de Solidaridad para prevención y reconstrucción climática.
Genera cerca de RD$10,000 millones anuales. El problema no es la recaudación. Es la trazabilidad. No hay evidencia pública suficiente de cuánto se depositó, cuánto quedó como saldo y qué proyectos financió.
¿Qué hacer? Cumplir el 1% legal de calamidades. Publicar un informe de Tesorería sobre el Fondo Especial de Solidaridad. Crear un tablero mensual de austeridad. Establecer una regla clara para combustibles.
Separar prevención climática de gasto corriente. Ordenar una auditoría independiente.
El país no necesita sacrificios simbólicos. Necesita reglas, trazabilidad y consecuencias.
Sin eso, el paquete será otra medida para administrar la presión del momento, no una reforma fiscal.