El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 7 de septiembre el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero ordenó a la secretaria del tribunal notificar el auto de fijación de audiencia pautado para las 9:00 de la mañana a la defensa de los imputados, al Ministerio Público y a los abogados que representan al Estado dominicano.
El tribunal fue apoderado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, luego de la presentación de la acusación por parte de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Entre los imputados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste, entre otros exfuncionarios y encargados de seguridad de distintas entidades estatales.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
La investigación, a cargo de la Pepca, se originó a partir de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Según las pesquisas del Ministerio Público, el esquema operó durante dos periodos: 2012-2020 y 2020-2025.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados en el marco de la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.