La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 15 de diciembre el conocimiento del juicio preliminar seguido contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), y otros ocho implicados en la denominada Operación Camaleón.
La magistrada Rivas tomó la decisión de manera parcial, acogiendo una solicitud de extensión de plazo presentada por la defensa de Huro Beras, doctora Laura Acosta, Luis Rivas, Nassef Perdomo, entre otros.
«Este tribunal acoge parcialmente el pedimento de extensión de plazo presentado por la defensa de los imputados, otorgando una prórroga de 20 días hábiles a las partes, en aplicación del artículo 299 del Código Procesal Penal,» precisó la jueza.
La decisión se produce en un proceso calificado como complejo. La jueza Rivas señaló que, aunque el expediente podría ser «más pequeño» en comparación con otros casos complejos que ha manejado, la extensión era necesaria y razonable para permitir a la defensa analizar y verificar las pruebas.
«Entendemos que este tipo de casos, cuando son declarados complejos, y por el tamaño del expediente, procede que el tribunal sea razonable y aplique el plazo del artículo 299,» sostuvo la jueza al justificar su fallo.
Durante la audiencia se debatió la extensión del plazo; el Ministerio Público había solicitado 25 días, mientras que las defensas pedían entre 45 y 60 días. La jueza optó finalmente por los 20 días.
Objeciones de la Defensa
Tras el anuncio de la decisión, la defensa solicitó de inmediato la reconsideración de la prórroga. El equipo legal, representado por la barra de Hugo Beras, argumentó que el plazo de 20 días no es suficiente, ya que están «embarcados en preparar nuestra defensa de ese otro proceso muy complejo,» en alusión a la audiencia preliminar del caso Calamar, que involucra a Gonzalo Castillo y otros.
Además, la defensa objetó la fecha inicial de la audiencia, que había sido fijada para el viernes 12 de diciembre, alegando la imposibilidad de asistir debido a su compromiso en el caso Calamar los jueves y viernes.
Otras Disposiciones
La jueza Rivas también acogió el pedimento del Ministerio Público respecto a la declaratoria de rebeldía de la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., vinculada a Gómez Canaán, y ordenó la publicación de sus datos conforme a la ley.
A la salida del tribunal, Gómez Canaán manifestó que leerá el expediente y está preparado para enfrentar el proceso judicial en su contra.
La Operación Camaleón
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentaron una acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada durante la Operación Camaleón.
Entre los imputados se encuentran:
Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez, Henry Darío Féliz Casso. También las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L., Dekolor S.R.L.
El Ministerio Público sostiene que se obtuvieron pruebas de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, y lavado de activos, desarrolladas principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa. Se alega que, mediante contratos irregulares con empresas vinculadas a Gómez Canaán (eje central del esquema), se desvió el dinero público y se ejecutaron operaciones de lavado.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra varios de los imputados principales.
