Santiago.- La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ordenó este lunes un receso hasta el próximo miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana en el conocimiento de la medida de coerción contra diez imputados señalados de integrar la presunta red criminal desmantelada mediante la Operación XL526, mientras la defensa arremetió contra el expediente y puso en duda la existencia de víctimas plenamente identificadas.
La magistrada explicó que la interrupción de la audiencia responde a la carga laboral que enfrenta el tribunal, cuya sala opera en jornadas matutinas y vespertinas, situación que imposibilita continuar simultáneamente con otros procesos judiciales.
Con la decisión, el proceso acumula dos aplazamientos previos y una interrupción en plena audiencia, prolongando la definición de las medidas cautelares en uno de los expedientes de mayor repercusión reciente en Santiago por el alcance internacional de las acusaciones.
Durante la jornada, el Ministerio Público concluyó la presentación de su solicitud de coerción, mientras varios abogados de la defensa expusieron sus argumentos en favor de los acusados.
“No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”, expresó el jurista ante el tribunal.
Domínguez también puso en tela de juicio parte de las evidencias obtenidas durante allanamientos practicados en el año 2024, alegando que algunos de esos elementos habrían sido incorporados nuevamente a la investigación actual.
En la misma línea, el abogado José Reinoso argumentó que el Ministerio Público ha sustentado parte de sus señalamientos en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin presentar documentos originales que establezcan una conexión directa entre los acusados y las presuntas víctimas.
“No existe una prueba vinculante que demuestre que alguno de los acusados realizó transferencias o participó directamente en los hechos que se le imputan”, manifestó.
Reinoso indicó que varios de los imputados ya ofrecieron declaraciones ante la jueza y estimó que el conocimiento de la medida podría concluir el próximo miércoles, una vez se produzcan las réplicas de las partes y la deliberación final del tribunal.
El proceso ha estado marcado por retrasos desde su inicio. El primer aplazamiento ocurrió luego de que la defensa denunciara no haber recibido oportunamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Posteriormente, la audiencia volvió a ser suspendida debido al volumen del expediente y a que los abogados alegaron haber sido notificados apenas un día antes de la vista judicial.
Según la acusación, los imputados formaban parte de una estructura dedicada presuntamente a la estafa electrónica, extorsión y lavado de activos, mediante operaciones dirigidas contra ciudadanos estadounidenses. Las investigaciones señalan que la organización operaba desde el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, en Santiago, utilizando herramientas tecnológicas y amenazas para obtener dinero de sus víctimas.
El Ministerio Público sostiene que los miembros de la red simulaban pertenecer a poderosos carteles del narcotráfico para intimidar a las personas afectadas y exigir pagos bajo amenazas. Posteriormente, los recursos obtenidos eran introducidos al sistema financiero mediante maniobras destinadas a ocultar su origen ilícito.
Entre los señalados como presuntos cabecillas figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros acusados que habrían desempeñado funciones estratégicas dentro de la supuesta organización criminal.
La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos simultáneos realizados en Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales y organismos especializados, dejando un saldo de 20 personas arrestadas.
La decisión que adopte la jueza Polanco el próximo miércoles podría marcar un punto de inflexión en un caso que las autoridades consideran uno de los golpes más significativos contra redes de estafas y extorsión con alcance internacional que han operado desde la región Norte del país.