Ha transcurrido un año desde el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, y el país sigue de pie, pero no intacto. Hay heridas que no se ven, pero que atraviesan a familias enteras, a sobrevivientes y a una sociedad marcada por la pérdida de 236 víctimas, una cifra que no admite indiferencia, por 180 heridos que aún cargan con secuelas físicas y emocionales, y por la dolorosa realidad de 130 huérfanos que hoy viven con la ausencia irreparable de sus padres. Lo que ocurrió aquella noche no solo dejó escombros materiales, sino también un vacío profundo en la conciencia nacional, una sensación persistente de que algo falló donde no debía fallar y de que la vida, en cuestión de segundos, quedó a merced de la negligencia y la fragilidad estructural.
Ese lamentable suceso no fue simplemente un hecho fortuito. No puede ser reducido a una fatalidad. Fue, más bien, la convergencia de omisiones, descuidos y una peligrosa normalización de la negligencia. Y ahí radica su gravedad: cuando una tragedia deja indicios de que pudo evitarse, deja también al descubierto una cadena de responsabilidades que va mucho más allá de un solo actor.
Durante años, la discoteca Jet Set fue mucho más que un centro de entretenimiento: fue un referente de la vida nocturna y un espacio emblemático de la tradición musical y cultural dominicana. Sin embargo, esa trayectoria quedó abruptamente truncada, no por falta de público ni de relevancia, sino por no haber dado el debido seguimiento, a tiempo, a las condiciones de su infraestructura. Lo que durante décadas fue símbolo de encuentro y celebración terminó evidenciando que ninguna tradición, por sólida que parezca, puede sostenerse sobre el descuido.
Diversos indicios han ido perfilando una verdad incómoda. La negligencia de la que hoy se habla no surge únicamente de la percepción ciudadana, sino de lo que se ha venido evidenciando en programas de investigación periodística y en la propia instrumentación del Ministerio Público. Informes, testimonios y peritajes han apuntado hacia fallas que, lejos de ser imprevisibles, habrían sido previsibles y susceptibles de corrección oportuna. Sin embargo, corresponde a los tribunales establecer con rigor jurídico las responsabilidades individuales, mientras la sociedad observa con legítima expectativa que esas evidencias no se diluyan en el tiempo ni en los laberintos del proceso.
Un año después, el silencio que siguió al estruendo del colapso se ha transformado en preguntas persistentes. ¿Quién falló? ¿Quién debió actuar antes? ¿Cuántas señales de alerta fueron ignoradas? ¿Existieron inspecciones previas y qué revelaron?
Estas interrogantes no son caprichosas ni oportunistas; son necesarias. Son el mínimo ejercicio de respeto hacia quienes perdieron la vida y hacia quienes aún cargan con las secuelas físicas y emocionales de aquella noche.
En medio de esos días de angustia y solidaridad, me correspondió estar presente junto a parte de los miembros del programa de Voluntariado Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en mi calidad de coordinador. Estuvimos en alianza estratégica con la Defensa Civil Dominicana, desplegados en una de las carpas, brindando apoyo psicosocial a los afectados, en algunos casos, y colaborando en el suministro de la logística necesaria en medio de la emergencia. Desde ese espacio, fuimos testigos directos no solo del dolor, sino también de la grandeza humana: manos que ayudaban sin preguntar, rostros marcados por la incertidumbre y una voluntad colectiva de no abandonar a quienes quedaron marcados por la tragedia. Esa experiencia no solo marcó mi memoria personal, sino que reafirmó la convicción de que, incluso en medio de la tragedia, la solidaridad puede convertirse en un acto profundamente transformador.
Sin embargo, el mayor riesgo que enfrenta la sociedad dominicana en este momento no es la falta de respuestas inmediatas, sino la tentación del olvido. Esa costumbre peligrosa de pasar la página antes de haber comprendido la lección. El tiempo, que debería ser aliado de la reflexión, a menudo se convierte en cómplice de la indiferencia.
La memoria, en este contexto, no es un acto pasivo. Es una forma de resistencia. Recordar el caso Jet Set no es recrearse en el dolor, sino impedir que la tragedia pierda su capacidad de interpelarnos. Porque cada víctima representa no solo una vida truncada, sino una advertencia que no puede ser ignorada sin consecuencias.
El proceso judicial en marcha es, sin duda, un componente fundamental. Pero la justicia no puede limitarse a un expediente ni a una sentencia. La verdadera justicia implica un cambio estructural: revisión rigurosa de normas, fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y, sobre todo, una transformación cultural que coloque la seguridad como prioridad incuestionable.
En este punto, es necesario ser claros: el problema no es únicamente técnico, es también ético. Vivimos en una sociedad donde con frecuencia se tolera lo irregular, donde se normalizan pequeñas fallas que, acumuladas, terminan en grandes desastres. El caso Jet Set no es una excepción; es una consecuencia. Y mientras no enfrentemos esa realidad, seguiremos expuestos a repetirla.
También hay una responsabilidad compartida que no puede ser ignorada. Las autoridades tienen el deber de fiscalizar, los propietarios de garantizar condiciones seguras, pero la ciudadanía también debe exigir, cuestionar y no conformarse con lo mínimo. La seguridad no puede ser vista como un lujo ni como un trámite burocrático; es un derecho fundamental.
A un año de la tragedia, el país se encuentra ante una encrucijada moral. Puede optar por el camino fácil del olvido o asumir el compromiso difícil de la memoria activa. Puede limitarse a lamentar lo ocurrido o convertirlo en un punto de inflexión que marque un antes y un después en la forma en que se conciben, regulan y gestionan los espacios públicos y privados.
La conmemoración, entonces, no debe ser un acto protocolar ni una fecha más en el calendario. Debe ser un recordatorio incómodo, persistente y transformador. Porque cuando una sociedad recuerda con conciencia, también se protege a sí misma.
El caso de Jet Set no puede convertirse en una estadística ni en una anécdota trágica. Debe permanecer como un símbolo de lo que ocurre cuando la negligencia encuentra terreno fértil. Y, sobre todo, como un compromiso permanente de que la vida, siempre, debe estar por encima de cualquier descuido, omisión o interés.
Porque al final, la verdadera justicia no será solo la que dicten los tribunales, sino la que logremos construir como sociedad. Y esa comienza, inevitablemente, por no olvidar.