El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtó sobre el «peligro» de naves aéreas militares estadounidenses en territorio dominicano, tras acuerdos militares anunciados por el presidente Abinader, alegando que se trata de una «injerencia a la soberanía».
«Nos preocupa la reciente autorización concedida por el Gobierno para que Estados Unidos establezca y opere naves aéreas militares en espacios restringidos de aeropuertos dominicanos», comunicó el presidente del instituto.
Gómez Ramírez formuló estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la institución en la Ciudad Colonial, enfatizando que esta concesión resulta comprometedora para la nación dominicana a pesar del acuerdo suscrito con los Estados Unidos en 1995 en relación al narcotráfico.
«Si bien el país tiene un convenio suscrito con los Estados Unidos en 1995, ampliado en 2003, en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, estos instrumentos jurídicos supeditan su aplicación al estricto cumplimiento del orden legal y constitucional de cada Estado, además de entrañar que se tome en cuenta el interés nacional», sostuvo.
El presidente del Instituto Duartiano aclaró la necesidad de estas fuerzas transnacionales sin perjudicar la constitucionalidad.
«El artículo 3 de la Constitución, el cual declara que ‘la soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable’”, Leyó.
Gómez Ramírez subrayó escritos de la Carta Magna.
«La Carta Magna prohíbe que ‘ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen'», dijo.
Además, el principio de la no intervención está consagrado como una «norma invariable de la política internacional dominicana», afirmó Gómez Ramírez.
Medidas «sumamente delicadas»
Wilson Gómez Ramírez calificó la adopción de estas medidas como «sumamente delicadas«, sugiriendo que se «aproximan un tanto a las que se reservan al estado de excepción» que se trata en el artículo 262 de la norma suprema.
El Instituto Duartiano, en voz de su presidente, manifestó su esperanza de que el Estado dominicano mantenga límites claros con los Estados Unidos.
«El Gobierno debe esforzarse por garantizar que no se desvirtúe el propósito del anunciado, y la promesa de que las acciones se limiten estrictamente a enfrentar el crimen organizado transnacional en los ámbitos aéreo y marítimo», indicó.
Gómez Ramírez hizo hincapié en que la dirección y determinación de las acciones militares dentro del territorio nacional, deben recaer en los dominicanos.
Para concluir, recordó que el numeral 16 del protocolo de 2003 con relación al Convenio de 1995.
«El numeral 16 del protocolo de 2003 con relación al convenio de 1995 establece que «Cualquier fuerza que se use con arreglo al presente acuerdo se ajustará estrictamente a las leyes y normas pertinentes de la parte respectiva y será, en todo caso, la fuerza mínima que razonablemente exijan las circunstancias», dijo.
