A pesar de anunciar que se realizaban investigaciones por denuncias de corrupción administrativa realizadas a directores y ministros de instituciones públicas del Gobierno de Luis Abinader, hasta este sábado solo los exadministradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intant), Hugo Beras, y de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, habían sido llevados a la justicia y vinculados a actos que violan el buen desempeño de sus funciones.
A estos dos exfuncionarios se unió Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalado por corrupción administrativa y dejado bajo arresto, ayer sábado, tras un interrogatorio en la Procuraduría General de la República.
En el caso de la administración de Hugo Beras también fueron señalados y llevados a la justicia, otros cinco empleados del Intrant, mientras que en la Lotería al menos cinco colaboradores de esa entidad fueron procesados.
Hugo Beras
El caso de Hugo Beras, salió a la luz en septiembre de 2024 luego de que a finales de agosto de ese año se genera un apagón en los semáforos de la capital, lo que destapó la adjudicación de contratos millonarios y fraudulentos a las empresas Transcore Latam y Aurix, propiedad de José-Jochi- Gómez Canaan. Estas empresas, de acuerdo al órgano acusador, no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.
El Ministerio Público acusó a Beras; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas, exdirector financiero.
Además, de a Jochi Gómez por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios en el plan de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El caso fue denominado como “Operación Camaleón”.
A Hugo Beras, Jochi Gómez y Padovani Báez se les dictó una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres. Asimismo, Baquero Sepúlveda; Frank Díaz Warden, una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
A Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Un mes después, el 11 de noviembre de 2024, se varió la medida de coerción de Hugo Beras, Jochi Gómez y Padovani Báez, por no existir “peligro de fuga ni peligro procesal”. Este caso se sigue conociendo en la justicia dominicana.
El 27 de octubre de este año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación y pidió apertura a juicio a los vinculados a este caso y a siete empresas.
En este expediente también se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Luis Maisichell Dicent
El primero de mayo de 2021 se evidenció en televisión nacional un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional que llevó a la cárcel a 10 personas, incluyendo a su administrador Luis Maisichell Dicent, bajo medida de coerción.
El grupo estaba acusado de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos.
Otros empleados de la Lotería vinculados al caso fueron Valentina Rosario Cruz, presentadora; Jonathan Brea, empleado del Departamento de Sorteos; Carlos Berigüete, técnico en informática; Miguel Mejía (no vidente que simuló pasar el boleto 13) y Miguel Mesa, encargado de transportar a las personas no videntes que trabajan en la institución.
El presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (FENABANCA) William Lisandro Rosario Ortiz; Felipe Santiago Toribio; Eladio Batista Valerio, Edison Manuel Perdomo Peralta y Felipe Santiago Toribio (A) Chago.
Seis de los acusados se declararon culpables y llegaron a acuerdos con el Ministerio Público.
Por el caso, denominado «Operación 13» el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, por falta de pruebas que lo vinculen en el fraude, además de a Edison Perdono Peralta.
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William Lisandro Rosario fue condenado a siete años de prisión; Eladio Batista, a seis años, ambos fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos. Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.
El Ministerio Público indicó que apelaría esta sentencia, aunque no se sabe nada de esta acción.
El 30 de octubre de 2021, luego de un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, al director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, quien supuestamente adjudicó un contrato fraudulento a la empresa internacional Mia Cargo, se inició una investigación en su contra asumidas por el Ministerio Público y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, esta última en ese entonces era directora de Persecución del Ministerio Público, lo entrevistaron varias veces.
En 2023, a través de su cuenta de Twitter, Peguero solicitó a ambas entidades explicar al país el resultado de la investigación, debido a que la situación afectaba su familia y carrera.
En otro caso, en 2021, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental también anunciaron una investigación en torno a la exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, quien fue cancelada de sus funciones tras denuncias que señalaban que, supuestamente, tenía la intención de beneficiar a dos empresas en licitaciones.
Nunca se supo los avances de la investigación y si las acciones de luz del Alba se correspondían en realidad con corrupción administrativa.
En plena pandemia, en Navidad de 2020, Francisco (Tony) Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, entregó aproximadamente RD$100 millones en cheques a 67 artistas como apoyo económico del Gobierno. A cambio, actuarían en conciertos virtuales y a futuro.
Ante esto, la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en la contratación de 55 artistas por más de RD$55.6 millones, al determinar que se hizo sin cumplirse el debido proceso. Esta sanción nunca se conoció.
En agosto de este año el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, informó que someterá a la justicia al exadministrador de Edeeste, Manuel Mejía Naut, por supuestamente manipular la factura eléctrica de al menos 42 mil clientes. Aun la acusación no se conoce si ha sido presentada.
Senasa
El sábado 13 de septiembre el Gobierno sometió ante la Procuraduría General de la República un informe que revela “graves irregularidades” en la administración de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en la adjudicación de contratos.
Esta acción fue realizada tras una serie de reportajes que evidenciaban diversos actos de corrupción administrativa en la adjudicación de contratos a empresas.
Este sábado el exfuncionario se presentó ante este órgano para responder algunas inquietudes vinculadas a supuestos actos de corrupción.
Tras varias horas de interrogatorio se informó que fue detenido.