El Harvard Growth Lab publicó hace unas semanas sus proyecciones de crecimiento económico para la próxima década. La República Dominicana, se dice, crecerá a un promedio de 3.82% anual entre 2024 y 2034, lo que la convierte en el único país de América Latina y el Caribe entre las veinte economías con mayor expansión del PIB per cápita en el mundo. El dato circuló ampliamente y algunos lo celebraron como una validación del modelo. Leerlo así es un error. Lo que Harvard documenta es una desaceleración estructural producto del agotamiento del modelo económico dominicano, por décadas el crecimiento promedio del país fue de 5%.
La pregunta pertinente es qué nos dice el dato sobre el tipo de economía que hemos construido y hacia dónde queremos ir. El índice de complejidad económica sitúa a la República Dominicana en la posición 59 entre 145 economías, con una estructura productiva impulsada fundamentalmente por enclaves de zonas francas (dispositivos médicos, circuitos eléctricos, cigarros) y de minería de oro y plata, con escasa ramificación hacia el resto del tejido productivo nacional. Esta complejidad de enclave tiene un techo conocido: crece mientras el diferencial de costos laborales lo hace competitivo, y se estanca o migra cuando ese diferencial se estrecha.
Hay una dimensión del desarrollo que los índices de complejidad económica no miden y que sin embargo es la que le da sentido a todo lo demás. El desarrollo no es la expansión del PIB ni la sofisticación de la canasta exportadora: es la ampliación de las libertades en la vida de las personas. Una sociedad se desarrolla cuando la riqueza que genera se redistribuye de forma que reduce la desigualdad estructural; cuando las decisiones sobre los recursos colectivos se democratizan y no quedan capturadas por élites; cuando sus miembros tienen acceso real a bienes y servicios que satisfacen necesidades fundamentales; cuando el trabajo no consume la mayoría del tiempo disponible; y sobre todo cuando existen condiciones materiales para construir comunidades afectivas, que son, más que el ingreso, lo que otorga sentido a la existencia. La cohesión social no es un subproducto del crecimiento: es su condición y su prueba. Sin ella, el crecimiento es un número que beneficia a pocos y promete a muchos.
Medido así, el modelo dominicano tiene un déficit que ninguna proyección de Harvard ha capturado todavía: el de una sociedad que crece sin que ese crecimiento se traduzca en vidas más plenas para la mayoría de quienes la habitan. La pregunta de hacia dónde va la República Dominicana no es técnica. Es política. Y responderla exige decidir, con honestidad, qué tipo de vida queremos que sea posible aquí.
Aquí reside el nudo del problema. El modelo dominicano ha descansado durante décadas en una competitividad basada en salarios bajos y condiciones laborales precarias. Esa estrategia tuvo su lógica en una fase de industrialización temprana, pero ha dejado de ser viable como horizonte de desarrollo. No solo porque sea injusta sino también porque es ineficaz: no genera la acumulación de capacidades productivas, capital humano ni encadenamientos intersectoriales que permiten a una economía escalar hacia mayor valor agregado. Los países que han logrado esa transición, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, y más recientemente Vietnam, no lo hicieron dejando que el mercado señalara el camino. Lo hicieron porque el Estado decidió activamente qué tipo de economía quería construir y movilizó recursos públicos en esa dirección.
Esto toca un punto que el debate dominicano evita con llamativa constancia: no existe el mercado moderno sin Estado moderno. El mercado no es un orden espontáneo que el Estado distorsiona; es una institución que el Estado constituye mediante el derecho, la regulación, la construcción de infraestructura y los incentivos de diversos tipos que determinan qué producir, cómo se puede contratar y qué se puede apropiar. La pregunta no es si el Estado interviene, siempre lo hace, sino qué tipo de economía prefigura con esa intervención. En qué se invierte el gasto público, qué sectores se priorizan, qué capacidades se desarrollan, qué condiciones laborales se establecen como piso: todo eso define la estructura productiva que emerge. El gasto público no es una distorsión del mercado; es uno de los mecanismos principales mediante los cuales las sociedades deciden qué clase de futuro construyen.
Pero el Estado dominicano no toma esas decisiones en el vacío. Los países no son islas políticas ni económicas, y la República Dominicana lo sabe mejor que muchos. Su economía depende de manera crítica del mercado norteamericano en un momento en que la competencia entre potencias por el control de sectores estratégicos y las cadenas globales de valor ponen una fuerte presión en los países más pequeños. Esto obliga a pensar estratégicamente cómo construir bienestar y fortalecer capacidades propias en un entorno de alta volatilidad e incertidumbre, diversificando socios en el largo plazo, reduciendo vulnerabilidades y apostando por sectores donde la dependencia externa sea manejable. La geopolítica no cancela la posibilidad de una estrategia nacional de desarrollo; la hace más urgente y más exigente.
Nuestro país tiene frente a sí una decisión que no puede seguir difiriendo. Puede continuar apostando a la competitividad de bajo costo, en cuyo caso el techo del modelo seguirá deprimiéndose y las proyecciones de crecimiento seguirán a la baja. O puede hacer lo que los países que lograron esa transición hicieron sin excepción: convertir los enclaves en ecosistemas. Eso significa tender puentes deliberados entre las capacidades productivas que ya existen en las zonas francas y el tejido empresarial, universitario e institucional del país. Significa apostar por sectores donde la ventaja competitiva no se construye sobre salarios bajos sino sobre conocimiento, identidad y cuidado: la salud, la protección social, las industrias culturales, la agroindustria tecnificada, la economía de los cuidados, la aplicación de inteligencia artificial a la producción nacional. Sectores que no compiten por el fondo, sino que construyen desde adentro las capacidades que una economía compleja requiere. Y significa que la política de atracción de inversión deje de medirse solo por el número de empleos generados y empiece a medirse por el conocimiento que transfiere y las capacidades que construye. No es una lista de buenas intenciones: es una decisión sobre qué tipo de Estado queremos tener.
