Antes de ser designado como gerente financiero del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Gustavo Enrique Messina Cruz, de 35 años, laboró como técnico en estadística del Ministerio de Hacienda (2012-2016) y gerente del Banco de Reservas 2016-2020.
Su trabajo en Senasa inició el 25 de agosto de 2020.
De acuerdo al Ministerio Público, era la persona que por órdenes de Santiago Hazim desde agosto 2020 a septiembre 2024, “ejerció un control absoluto y personalizado sobre el Bordereau (listado de todas las autorizaciones emitidas pendientes de pago)”.
Su labor en el supuesto desfalco era “falsear la realidad financiera y ocultar las pérdidas que se generaban en los montos reportados”.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados en este caso, Messina Cruz, de forma discrecional y sin sustento técnico, disponía de los valores que debían ser colocados en las autorizaciones pendientes de liquidación.
“La intervención de Gustavo Enrique Messina Cruz en la manipulación del sistema tuvo como finalidad encubrir los déficits, los desbalances y las distorsiones generadas por los actos de corrupción y manejo irregular que se producían bajo la administración de Santiago Marcelo Hazim Albainy”, establece el Ministerio Público al señalar que el exdirector de Senasa tenía un interés personal y estratégico en evitar que se conociera la verdadera situación económica, operativa y financiera de esa institución.
Dos personas certifican la acusación del Ministerio Público, con sus testimonios: Rosanna Henríquez Ogando, encargada de Análisis Financiero y Presupuestario, y Yeimi Cristina Guerrero, excoordinadora de Cuentas Contables, al testificar que Gustavo Enrique Messina Cruz “instruía verbalmente y en ocasiones por mensajes vía Teams que el Bordereau debía cerrarse en un monto predeterminado por él, usualmente por debajo de RD$6,000,000,000.00 millones”.
“Gustavo Enrique Messina Cruz, impartía instrucciones directas y específicas para manipular el bordereau (cuenta de autorizaciones pendientes de pago), ordenando a Guerrero que indicara a Rosanna Henríquez que revisara bien el bordereau porque estaba ‘muy alto‘ y había que ‘bajarle algo’, mediante la asignación de montos estimados bajos a hospitalizaciones abiertas”, dice la acusación.
Las autoridades lo acusan de asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos.