El Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción personal y real contra los directivos de la Asociación Leonardo Da Vinci, dirigentes del Colegio Da Vinci y los propietarios de la hacienda Los Caballos, quienes son señalados como responsables de la muerte de Stephora Ann-Mircie Joseph mientras se encontraba en una excursión del centro educativo.
De acuerdo con Shesnell Calcaño, abogado de la familia de la niña de 14 años, la audiencia se fijó para el 28 de mayo, debido a que algunos de los imputados estaban fuera del país, mientras que otro no tenía abogado, por lo que se le dio la oportunidad para que constituyera uno.
La defensa de la familia Joseph Rafael interpuso el recurso para el conocimiento de medida de coerción contra Eduardo Rafael Estévez, presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci, Freddy Núñez, director académico, y Pedro Pablo Muñoz Puntier, Víctor Manuel Muñoz, Dominga Blanco Muñoz, propietarios de la hacienda Los Caballos, luego de que el tribunal de Atención Permanente impusiera garantía económica de 500 mil pesos a tres maestras del colegio, mientras que a otra de las imputadas se le dio la libertad pura y simple, el pasado diciembre de 2025.
Calcaño indicó que la decisión de aplazamiento tomada por el Segundo Juzgado de la Instrucción que preside el juez Job García fue acertada, con el fin de garantizar derechos, ya que es obligatoria la participación de los imputados en el proceso.
“Entendemos que es una decisión adecuada; nosotros confiamos en la decisión que pueda dar el juez Job García, independientemente de si es favorable o no, porque es una persona muy íntegra”, sostuvo Shesnell.
CASO STEPHORA
El pasado 14 de noviembre de 2025, la niña Stephora, de 11 años y estudiante del Instituto Leonardo Da Vinci en Santiago de los Caballeros, participó en una excursión escolar organizada por su colegio en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo.
Su madre, Lovely Joseph, recibió una llamada a las 11:28 a. m. informándole que la niña “no se sentía bien” y estaba “vomitando”. Luego de llegar al lugar, y tras varias horas esperando afuera de la hacienda, un miembro de los cuerpos de emergencia que estaban allí le informa que su hija había fallecido, que pasara por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Aproximadamente 10 días después, la familia de la niña denunció que el Ministerio Público se negaba a recibir una denuncia formal del caso y no entregaba el informe preliminar de Inacif ni los videos de seguridad.
Poco tiempo después, en el proceso de conocimiento de medida de coerción contra cuatro miembros del colegio que se encontraban en el lugar al momento de la muerte de la niña, los abogados de la familia indicaron que el Ministerio Público les habría proporcionado los videos de seguridad de la hacienda de manera íntegra y sin alteraciones.
Los audiovisuales con audio muestran a Stephora caminando y cayendo en una parte profunda no señalizada de la piscina de la hacienda, y empieza a pedir auxilio desesperadamente mientras se hunde. El material captó momentáneamente que otros niños estaban cerca, la vieron luchar y no dieron la voz de alerta ni acudieron a ayudarla.
En las imágenes también se observa que dos de las personas encargadas pasaron cerca con un celular en la mano sin percatarse de lo que ocurría, y que hubo falta de respuesta inmediata de los adultos responsables.
Por el caso, el MP apresó a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del colegio; Gisela González, coordinadora general y asesora; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
A González, Tavárez Vélez y Vargas Morel, el Tribunal de Atención Permanente impuso garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica, como medidas de coerción, mientras que Reyes Adames obtuvo la libertad pura y simple, debido a que los jueces entendieron que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vinculara con el hecho.